El fiscal Henry Meza pidió este jueves una pena de 35 años contra el libanés Ziad Akl, por los delitos de extorsión, intento de homicidio, amenazas y privación de libertad.
La solicitud se realizó durante las conclusiones del juicio, realizadas en la sala 4 de los Tribunales de Pavas.
Ziad y su hermano Elías (este último asesinado el 15 de mayo del 2017 frente al colegio Mount View en Escazú), son sospechosos de hacer préstamos, especialmente a taxistas informales de Guachipelín de Escazú, quienes al no pagar era sometidos a extorsiones y agresiones.
En el juicio contra Ziad Akl, también figuran como imputados Kelvin Augustus Pinnoch Campbell y Jean Carlo Fernández Jiménez contra quienes pidieron 21 y 11 años de cárcel, respectivamente, ya que eran cómplices de los libaneses. Pese a que Augustus y Fernández alegan no saber mucho sobre las actividades de Akl, ellos siempre estaban con él.
Ziad se había sometido a un procesado abreviado en junio de este año y lo condenaron a 23 años de cárcel, pero este no fue aceptado por el Tribunal que ordenó realizar el juicio.
El fiscal durante comentó durante las conclusiones que los sospechosos se aprovechaban de una población sensible a la cual sometían a actos denigrantes cuando eran incapaces de pagar sus deudas.
Incluso mencionó algunas de las agresiones que les aplicaban a sus deudores como uno que le arrancaron un diente debido a un golpazo.
“Hasta las familias de los afectados recibían amenazas", señaló el fiscal quien también pidió seis meses de prisión preventiva.
Meza reprochó la actitud de Ziad Akl, pues aseguró que cuando llegaba a un lugar (bar) sus matones cerraban la calle para que él se bajará, algo que según el fiscal ni el Presidente hace.
“Ziad Akl nunca ha mostrado ningún arrepentimiento ni mucho menos un disculpa, él es un experto en artes marciales, sufre de bipolaridad, es un veterano incapacitado y sus hijos están en Estados Unidos. Aquí vino a contar que desde los 14 años fue sometido a pelear en la guerra, fue víctima de torturas y ataques de pánico. Además contó que un día mataron y cocinaron al familiar de un amigo y lo obligaron a comerlo. Contó que cuando salieron de Líbano se fueron a Canada y después a Estados Unidos, pero vino a Costa Rica a visitar a su hermano y formaron una asociación criminal para cometer delitos, agresiones y extorsiones, conductas que no son aceptadas en este país”, dijo Meza.
Dinia Padilla de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, pidió ¢25 millones por los daños sufridos por los cuatro afectados.
La prisión preventiva de Akl fue ampliada este viernes mientras se mantiene el juicio.
Los jueces Álvaro Abarca Picado, quien preside, Mauricio Jiménez Vargas y José Pablo Alvarado Cascante escucharon a 14 testigos por este caso.
El juicio continuará el miércoles de la próxima semana con las conclusiones de las defensoras Alejandra Araya y Mirian Bedoya Zárate.