Doña María Eugenia Barrantes, una vecina de Coronado, San José, perdió la paz desde hace tres meses cuando comenzaron los disturbios en Nicaragua debido a que su hijo, Cristofer Barrantes Vargas, de 25 años, está a la orden de las autoridades pinoleras y a la espera de que un juez decida el futuro del joven.
Esta mamá todos los días piensa por la seguridad de su hijo, quien asegura tiene retardo mental. Él está encarcelado en Granada y no lo ve desde hace un mes, ya que tampoco puede ir, primero por la falta de dinero y además porque teme sufrir algún atentado en el convulcionado país.
“La última vez que lo vi salí de San José a las 2 de la madrugada, llegué a Nicaragua a las 9 de la mañana y solo estuve con él una hora y media, luego me devolví hacia acá (Costa Rica), antes de eso tenía tres meses de no verlo, porque sale caro estar viajando”, dijo doña Eugenia.
A finales de agosto, Cristofer Barrantes cumplirá un año de estar en encarcelado en Nicaragua, luego de ser detenido junto a otras personas por transporte de drogas en la comunidad de Diriamba. Doña María Eugenia sigue insistiendo que a su ser querido se lo llevaron engañado y que ni siquiera sabía en lo que andaban las personas que llamaba amigos, mucho menos para donde lo llevaban, porque no tiene pasaporte; en Migración también confirmaron el dato de no registar salidas por no tener pasaporte.
“No he podido descansar, me preocupa todo lo que esta pasando, aunque en Cancillería me dicen que él está mejor en ese centro penal que en la calle, pero igual es muy preocupante, incluso ese lugar donde lo tienen no está aseado, porque la última vez que lo vi estaba lleno de piquetes, parecían de garrapatas”, expresó la mamá.
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Debido a las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega, muchos juicios en Nicaragua se han atrasado, entre estos el de este costarricense, el cual ya estaba demorado porque los familiares afirmaron que el muchacho tiene retardo mental y debían presentar pruebas. Cuando ya las tenían ocurrieron los disturbios.
Por este caso una tica de nombre Hazel Mejía Carballo fue declarada culpable en febrero anterior junto a los nicaragüenses Gustavo Adolfo Pérez Quesada y Roxana Nohemí Bustos Ruiz.
Los parientes del muchacho dijeron que tenían una persona que le llevaba comida a su hijo, pero debido a los problemas, este buen amigo le dijo que ya no podía hacerle el favor por el temor de salir a la calle. Además, la familia desea cambiar de abogado porque sienten que no han recibido buenos resultados.