La fiscala Emilia Navas no afloja en su labor de poner orden y lo confirmó este viernes al solicitar un allanamiento en la desaparecida Unidad Operativa de Dirección Funcional, ya que se enteró que ahí tenían más de 20 mil informes enviados por el OIJ sin atender.

Al parecer la falta de acción era preocupante, ya que algunos casos contabilizaban más de 5 años de estar engavetados.

El allanamiento se llevó a cabo en el edificio de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial en San José, donde se encontraban ubicadas las oficinas de esta unidad.

Según confirmó el Ministerio Público, el operativo tiene como objetivo investigar a más de siete funcionarios por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Además se realizó un respaldo de la información que había en las computadoras que utilizaban estas personas.

“La finalidad de esta investigación es determinar cuáles son las personas que habrían incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, ya sea porque retrasaron las acciones que les correspondían realizar o porque definitivamente las incumplieron", dijo Ileana Mora, fiscala general subrogante.

Por medio de la investigación se logró determinar que en apariencia estos funcionarios se la tiraban rico sin hacer nada, debido al montón de casos acumulados y que no recibieron atención.

Pero eso no es lo peor, ya que se maneja información de que al menos 5.400 causas penales que están cercanas a la prescripción (de ser cerradas) y de cerca de 3.600 correos electrónicos enviados por agentes del OIJ que nunca fueron tramitados de la forma debida. Es decir, así no se movía una mano para no incomodar a la otra.

Este broncón salió a la luz el pasado mes de junio, cuando la recién nombrada fiscala adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, Ingrid Guth, entregó a la Fiscalía unos informes con aparentes irregularidades en cuanto a la gestión de casos de la unidad mencionada, así como de la Unidad Centralizada de Desestimaciones y de la Unidad de Archivos Fiscales.

A ponerse al día

En lugar de perder la paz ante esta situación, la fiscala Navas puso manos a la obra y ordenó una serie de acciones para que en el menor tiempo posible esos casos se pongan al día.

Navas dio la orden de que se establezca un plan de trabajo de emergencia para que se revise cada uno de los expedientes, que se amplíe la investigación, si es necesario, o que los expedientes se acusen, archiven o se pidan desestimaciones o sobreseimientos a los Juzgados Penales, por lo que la breteada no es comida de trompudo.

Además, Navas ordenó que estos hechos sean comunicados a la Inspección Judicial para que se abran causas penales y se sancionen a las personas que provocaron estos enormes atrasos.

Navas señaló que se debe ejecutar el cierre definitivo de las tres unidades involucradas en este caso, distribuir su personal en diferentes despachos del país y reasignar los casos en las distintas fiscalías del país y según la jurisdicción correspondiente.