EscucharA las personas que dispararon la madrugada de este lunes contra las casas en las que estaban dos empleados de Recope en Moín se les podría abrir un proceso judicial por los delitos de amenazas agravadas y daños simples.
De acuerdo con el Código Penal, el castigo por ese hecho va de 15 días a 60 días de prisión; en el artículo 228 del Código se dice para los daños simples la pena es de 15 días a un año cárcel.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, informó que el atentado contra estos empleados ocurrió a las 3:30 a.m. de este lunes en Lomas de Recope, en Moín, específicamente es un centro donde viven los empleados de la refinadora. Soto catalogó estos actos como muy graves, en esta ocasión los daños fueron a los carros y en las viviendas de estos trabajadores.
“Hay una evidente mano criminal, delictiva, por lo tanto nosotros hacemos responsables a las personas de estos movimientos (huelguistas)”, dijo Soto.
Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, dijo que los empleados de Recope que sí están trabajando a pesar de la huelga han recibido amenazas.
“Hemos tenido todos los días de una manera reiterada amenazas al personal que está laborando... esto indica que las dimensiones de estas amenazas son más allá de una manifestación por derechos laborales”, expresó Muñoz.
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Podrían terminar presos
Durante las protestas han ocurrido al menos otros tres delitos; se trata de obstaculización de vías. El artículo 263 bis del Código Penal señala que ese delito se castiga con penas de 10 días a 30 días de prisión.
Está además obstaculización de servicio, al evitar el libre tránsito de las personas. El artículo 260, inciso 3, del Código Penal señala que la pena es de un mes a un año, que puede aumentar en un tercio la pena, es decir aumentar hasta en tres años.
Los responsables de dañar el oleducto de Recope a su paso por La Garita (con la pérdida de 3.000 galones de combustible) cometieron el delito de atentado contra plantas conductoras de energía; de acuerdo con el artículo 260 del Código Penal el castigo sería de un mes a un año de cárcel o se les podría juzgar por daños agravados, que podría significar penas de dos meses a cuatro años de prisión.
El presidente de Recope afirmó que los responsables de causar daños en el oleducto son funcionarios de la institución. No cualquiera puede causar fugas debido al riesgo tan grande al que se exponen en esa acción.
A penas de seis meses a dos años de prisión se exponen quienes sean hallados culpables del entorpecimiento a los servicios públicos.
Las amenazas agravadas, según el artículo 195, reciben castigos de 15 a 60 días de prisión o de 10 a 60 días multa.
El Ministro de Seguridad les hizo un llamado a los huelguistas a respetar la ley.
“Ya pasamos a consecuencias graves. No queremos que ninguna persona muera y ya hemos estado cerca con este tipo de amenazas y de daños”, dijo Soto.
Las amenazas y las agresiones contra los empleados públicos que no están unidos a la huelga están siendo investigadas por el OIJ.
