Los hechos relacionados con el cementazo siguen salpicando y este viernes en la mañana tuvimos un nuevo capítulo desde la casa de Paola Mora, expresidenta del Banco de Costa Rica.

El OIJ allanó la casa de Mora, en la urbanización Bosques y Fresales, en San Ramón de La Unión, Cartago. Los agentes buscaban documentos que tengan que ver con el sonado caso del cemento chino.

La Fiscalía confirmó por medio de un correo electrónico las acciones judiciales e informó que además de la casa de Mora se allanaron otros ocho lugares en busca de más papeles y datos digitales relacionados con la investigación.

Los delitos por los que el Ministerio Público investiga a Mora son peculado y tráfico de influencias.

Entre los edificios allanados están la casa de un hermano de la exfuncionaria bancaria y un bufete.

Durante la mañana los agentes judiciales llevaron a Mora al bufete, localizado en Curridabat, para que estuviera presente mientras revisaban el lugar. A ese sitio llegó esposada y con la cara tapada.

El abogado José Miguel Villalobos, defensor de Mora, dijo que desde hace días tenían información de que la Fiscalía iba a solicitar una orden de allanamiento y haría diligencias judiciales en las oficinas de Paola Mora.

“Ya me comuniqué con ella, me llamó desde la casa, ahí está un juez de la República, hablé también con la Fiscalía y les indiqué que voy rumbo a Guanacaste a una audiencia. Ella (Mora) está colaborando, desde hace más de un año enviamos una nota donde ella se ponía a la orden, donde no se requería ni siquiera una orden de un juez, que ella de inmediato autorizaba el secuestro de cualquier documento que estuviera en su casa u oficina”, dijo Villalobos.

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Villalobos agregó que su representada sería llevada a la Fiscalía para ser interrogada. “Ella se va abstener en virtud de que su abogado va rumbo a Guanacaste, pero hará una declaración detallada cuando esté presente”.

Mora es investigada por haberse reunido con el empresario Juan Carlos Bolaños en varias ocasiones, una de ellas fuera del BCR y por –supuestamente– haber participado en el préstamo de $30 millones otorgado a Bolaños, para la importación y nacionalización de cemento chino.

Ese crédito se dio cuando ella era la presidenta de la junta directiva del BCR.

Muchos embarrados

El caso del cementazo empezó en noviembre del 2015, cuando a Bolaños se le entregaron dos préstamos en el BCR, uno de $20 millones y otro de $10 millones. Según una comisión investigadora de diputados de la legislatura pasada, el empresario habría traficado influencias para que le aprobaran los préstamos.

Incluso habría logrado que funcionarios de los tres poderes de la República ejercieran presión en el banco para obtener la plata.

A mediados del año pasado el caso se hizo muy presente en los medios de comunicación y poco a poco empezaron a caer personas relacionadas.

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El viernes 3 de noviembre de 2017 la Fiscalía sorprendió con una serie de allanamientos en los que detuvieron a Juan Carlos Bolaños, a Mario Barrenechea (gerente general del BCR que estaba suspendido al momento de la detención) y a cinco funcionarios más de la alta gerencia del banco.

De ellos aún descuentan prisión preventiva Bolaños, Barrenechea y dos altos funcionarios bancarios; los otros tres detenidos descuentan otro tipo de medidas cautelares.

Magistrado despedido

Otro de los investigados por el cementazo fue Celso Gamboa, quien primero fue suspendido y luego despedido de su cargo como magistrado de la Sala III. A él se le vincula con el empresario cementero, con quien incluso habría viajado a Panamá.

Además el entonces fiscal general Jorge Chavarría también fue suspendido de su cargo por una investigación que realiza el Tribunal de la Inspección Judicial para determinar las razones en las que se basó la Fiscalía, a principios del 2017, para solicitar la desestimación de dos causas por supuesto tráfico de influencias.

Chavarría se acogió a la pensión en diciembre del 2017.

Una es contra los entonces diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, primero del PAC y luego independiente, y la otra contra el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, y el exlegislador Wálter Céspedes.

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En julio de este año la Corte Plena ordenó la suspensión de Berenice Smith, a quien se le atribuye que durante su tiempo como fiscala subrogante (el año pasado), indujo a error a los cinco magistrados de la Sala Tercera al pedir la desestimación de una causa contra Guevara y Morales Zapata por el delito de tráfico de influencias, en el mismo caso del cemento chino.

Por último la Corte decidió castigar también con dos meses de suspensión, sin goce de sueldo, a los magistrados Doris Arias Madrigal, Jesús Ramírez, María Elena Gómez y Carlos Chinchilla, quien luego de conocer la medida se acogió a la pensión (Arias hizo lo mismo días después).

A los altos jueces se les castigó por una “falta grave” en la que incurrieron en febrero de 2017 al acoger una desestimación en favor de los exdiputados.