EscucharEl exdiputado de Renovación Costarricense Abelino Esquivel, vivió en medio de un infierno su última semana en la Asamblea Legislativa ya que tres de sus asesores denunciaron que el congresista les exigía el pago de un diezmo a cambio de darles empleo.
Las denuncias se dieron a conocer el 23 de abril de este 2018 luego de que los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez soltaran la bomba que sacudió el plenario legislativo y que les costó el puesto momentáneamente.
Luego de conocerse el caso, la Asamblea Legislativa los colocó en otras funciones.
Esquivel justificó el rebajo de un 5% del salario de sus exasesores como una contribución al partido Renovación Costarricense, donde Oconitrillo aportaba ¢200.000 por quincena, mientras que Marín sacaba ¢25.000 por quincena y Rodríguez apartaba ¢62.500 por quincena.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público y el 8 de setiembre anterior se presentó la acusación contra el exlegislador y su hermana Wray Esquivel por cinco delitos: cuatro de concusión y uno por enriquecimiento ilícito, mientras que a la esposa del exdipu, de apellidos Cortés Oporto, quien también trabajaba en el despacho legislativo, se le acusa de dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
El delito de concusión castiga con prisión de dos a ocho años al funcionario que, abusando de sus funciones, obligue a alguien a dar indebidamente un bien o beneficio personal.
Mientras que el enriquecimiento ilícito pena con cárcel de seis meses a dos años a aquel funcionario que utilice con fines de lucro para sí o para un tercero datos reservados en razón de su cargo.
La Fiscalía notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que como abogado del Estado también proceda.
Esquivel no ha querido referirse al tema cuando se le consulta.
