“Se burlaron de los requisitos que se necesitaban para participar en los carteles de licitación. Aflojaron casi todos los controles administrativos, uno se pregunta ¿cómo terminaron incluyendo ofertas de empresas que ya estaban descartadas por no ser aptas para concursar?.
“La Gerencia de Logística contrató compras de 500 mil dólares (unos 340 millones de colones) y hasta 5 millones de dólares (3.400 millones de colones) sin pasar por la Junta Directiva, eso es brincarse la garantía del cumplimiento de los requisitos. Tremendo, es algo espantoso”.
La diputada Gloria Navas, de Nueva República, no deja de sorprenderse cada vez que revisa el informe hecho por los diputados del período 2018-2022 sobre las irregularidades encontradas en la compra de mascarillas para la atención de la emergencia por el covid -19.
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“En el informe, queda claro que hicieron gofio (fiesta) con el dinero del país. Es que, vea. ¿Cómo le explico? Es que no sé ni por dónde empezar. Fue tanto el descaro que hubo que se aceptaron (facturas) proforma en idioma chino y vietnamita. Ayúdeme usted a entender porque yo no puedo.
“Dentro del Gobierno lo torcieron todo para beneficiar a algunas empresas, no les exigieron garantías de cumplimiento, no se fijaron bien cuál era el producto que estaban comprando y por eso llegaron mascarillas que no eran aptas para uso médico en plena época de pandemia. Eso es atentar contra la patria descaradamente y, lo peor, durante una emergencia nacional”, dice la diputada.
Empresas como Comunicación Política, Metales Tosha y el señor David Landergren ganar contratos para venderle al Gobierno mascarillas.
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“Hablamos de corrupción total y grupal. Lo torcieron todo, lo pudrieron todo. Hablamos de que se raya en el crimen organizado. Irrespetaron la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Todo lo torcieron en contratos de millonarios”, asegura la legisladora.
Fallas y fallas
De acuerdo al informe, hubo graves fallas en las que incurrió la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS) para la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones.
Por ejemplo, se les adjudicó el contrato a dos empresas que nunca habían vendido productos médicos.
La institución le compró las mascarillas a David Landergren Castro, contador público de 32 años, y MR Comunicaciones Políticas, de la periodista Miren Martínez Ruiz dedicada a asesorías de relaciones públicas y mercadeo.
Además ingresaron ofertas por medios no oficiales, se hicieron cambios de fábrica sin la documentación adecuada; se permitió que, pese a los incumplimientos de contrato, se le diera otro contrato a la misma empresa y a dos años de esto, no se entregaron las mascarillas por las que se pagó y las que se entregaron, no eran de uso médico.
“Le hago un llamado a la Asamblea Legislativa para que a este tema se le dé un seguimiento absoluto. En mi opinión, el control político no termina solo con decir que pasó algo y que se investigue y ya o con las conclusiones de una comisión.
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“Es que aquí hablamos de asociaciones ilícitas para cometer delitos. El informe deja claro que no es un asunto de un empleado público por ahí que se apuntó al chorizo, hablamos de grupos muy corruptos que se ponen de acuerdo en un plan delictivo de carácter colectivo.
“Es delincuencia que penetra todo, hasta el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), con personas particulares, empresas y empleados públicos al servicio de la corrupción, de lo podrido”, afirma Navas.