La huelga en Recope, que este viernes cumple 19 días, fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José por no ser un movimiento pacífico.
Con el fallo de ilegalidad se condena al Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia) a pagar un millón de colones correspondiente a los costos procesales.
El presidente de Recope, Alejandro Muñoz se mostró complacido con esta sentencia pues considera que los hechos de sabotaje probados por notarios públicos son irrefutables.
Según la sentencia se comprobó mediante visita que en el plantel del Alto en Ochomogo se realizaron bloqueos en la salida del puesto 4 obstaculizando la salida de camiones por lo que se debieron sacar por la entrada custodiados por tres oficiales de la Fuerza Pública.
Además, en las actas notariales elaboradas por los notarios públicos Nydia Fonseca y Brayan Alpizar el 11 de setiembre, describen los acontecimientos realizados en el plantel de Moín en el área de la subestación eléctrica principal con relación a la falta de fluido eléctrico, así como los daños causados en la zona de almacenamiento de gas en la caja de conexiones del sistema de medición automática, y los actos descritos en el plantel de Ochomogo.
“Estamos muy satisfechos con el fallo del Juzgado al declarar ilegal la huelga en RECOPE. Los hechos probados son muy fuertes a favor de RECOPE con lo cual casi que tenemos garantizada la firmeza de ilegalidad de la huelga”, explicó el jerarca.
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“Consideramos que lo más importante es que el fallo pueda darle espacio de reflexión a los compañeros que están en huelga y que empiecen a regresar a sus trabajos para que la empresa pueda brindar los servicios esenciales del país en la distribución de combustibles de la manera excelente con que siempre lo ha hecho”, agregó.
Esta es la novena huelga declarada ilegal junto con la de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la del Ministerio de Vivienda, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Junta de Protección Social (JPS), la Municipalidad de Santa Ana, el Banco Central y Correos de Costa Rica y solo la de los trabajadores del IAFA fue considerada legal.
Los sindicatos tienen tres días para apelar la medida, pero una vez en firme, se normalizaría el abastecimiento de combustible y gas para cocina que tuvo sus días más críticos a partir de la segunda semana de huelga.
Gobierno apelará
La Procuraduría General de la República apelará la decisión de la jueza Ángela Minero en el plazo de tres días que que establece la ley y el Gobierno adelantó que la argumentación de dicho recurso será pública una vez presentado por el abogado del Estado.
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