El canciller de la Curia Metropolitana, Rafael Ángel Sandí López, salió al paso de las acusaciones de dos presuntas víctimas de un cura y quienes afirmaron que el sacerdote –de apellido Castillo– abusó de ellos y que la Iglesia católica está retrasando el proceso legal.

El caso lleva dos años y no se ha resuelto nada, pero Sandí dice que no es por responsabilidad de la Iglesia y que se debe a que los testigos de las supuestas víctimas no se han presentado a declarar.

“El que tenga algo que denunciar, que lo haga”, dijo el canciller y añadió que si alguien fue víctima de un cura y tiene pruebas puede ir a los tribunales o visitarlos porque ellos no se van a apuntar para alcahuetear a quienes abusen de su cargo.

“En el caso que se lleva contra el padre Castillo, al principio lo que se puso no fue una demanda sino una queja para darnos noticia de la situación y así iniciar un proceso, que se inició hace dos años, con la dificultad de que el padre no está en buen estado de salud, está pensionado y retirado”, añadió Sandí.

El sacerdote señalado tiene ahora unos 75 años y hace dos años empezó a mostrar síntomas de demencia senil.

Del caso dijo Sandí que solo cuentan con la declaración de quienes acusan y de un testigo.

“Se citó a los demás testigos pero no se presentaron, simplemente enviaron un correo asegurando que por un problema de tránsito no podían llegar. Estamos esperando que se comuniquen por escrito, como tiene que ser, para plantear cuándo se pueden presentar”, explicó.

Otra razón que dio para explicar el atraso es que el caso lo empezó monseñor Daniel Blanco y cuando lo ascendieron, sus nuevas obligaciones lo alejaron del caso, que ahora sigue Sandí.

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Situación fuera de lo normal

“En el territorio de la Arquidiócesis, que es Heredia y San José, es la primera vez que se da un caso de estos en los que una supuesta víctima pide tanto dinero (entre ¢120 millones y ¢240 millones), como si la Iglesia tuviera millones para repartir”, dijo.

El religioso aseguró que a los sacerdotes condenados tiempo atrás por casos de abuso han cumplido sus penas en cárcel y la Iglesia ha llevado además el proceso eclesiástico.

En opinión de Sandí, no se debe confundir los casos de abuso ocurrido en el extranjero con los que pasan aquí porque acá la Iglesia nunca ha sido condenada y que si se encuentra a un religioso culpable, este deberá responder por su delito.

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Además, explicó que en el caso supuesto de que la parte acusadora logre una condena será contra el cura y no contra la Iglesia, es decir, a esta no le tocará paga ni la defensa y ni una eventual indemnización.

Pero si se logra probar que la Iglesia tapó el delito sí se le podría condenar a pagar, como se dio en otros casos cuando tuvieron que vender propiedades para conseguir la plata.

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