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La violencia en los centros educativos se ha disparado, tanto así que en una sola semana (del 17 al 24 de marzo), la Fiscalía recibió 95 denuncias por esta situación.
Elizabeth Esquivel Sánchez, fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, aseguró que es algo en lo que ya se están ocupando pues lo que se vive un fenómeno de “normalización de la violencia” entre los menores de edad, así lo dio a conocer este lunes en el programa Frecuencia MP, que se transmite por Columbia todos los lunes a las 11 de la mañana.
En lo que va del año, el Ministerio Público registra un total de 213 causas por casos de violencia en los distintos centros educativos (acá están contabilizadas las 95 que mencionamos al inicio).
“En la Fiscalía Penal Juvenil teníamos la idea de que el retorno a la presencialidad iba a tener un incremento (de este tipo de denuncias), pero lo cierto es que el fenómeno va más allá y se ha dado la normalización de la violencia, por eso se dan más casos y los conocemos por los medios de comunicación y las redes sociales”, dijo Esquivel.
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En las últimas semanas, en La Teja les hemos contado varias situaciones que se han dado en centros educativos. Por ejemplo, en el Instituto de Alajuela, el 17 de marzo pasado, 23 estudiantes resultaron con golpes y fueron trasladados al hospital por un pleito por una pequeña plazoleta con una banca de cemento, la “Media Luna”, que tradicionalmente ha sido ocupada por alumnos de undécimo año.
Además, el pasado 24 de marzo, seis estudiantes del Liceo del Sur, en barrio Cuba, San José, fueron detenidos por supuestamente amenazar a otro con un cuchillo.
La fiscal asegura que es clave frenar esa normalización de la violencia entre los estudiantes. También explicó que entre las denuncias que se vienen dando se habla de delitos y contravenciones, entre las que están lesiones leves, amenazas personales, riñas, amenazas agravadas, amenazas con arma y portación de arma.
Las zonas donde más casos se están dando son Cartago, San José, Alajuela y llama la atención de las autoridades que en comunidades como Liberia y Nicoya en Guanacaste ya se están reportando.
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“Cuando inicia la investigación, se aborda bajo un principio de legalidad, buscando cuáles son los elementos de prueba que se tiene en ese momento para determinar si esa conducta encaja o no dentro de uno de los tipos penales (delitos).
“Esto se realiza tomando en cuenta las edades de las personas, incluso la aplicación de procedimientos que cumplan con los fines de la Justicia Penal Juvenil: mínima intervención, interés superior de la persona menor de edad, pero también buscando la paz social”, afirmó Esquivel.
Doña Elizabeth considera que es importante que los menores entiendan que tienen derechos y obligaciones y por eso las autoridades intervienen para que ellos comprendan la gravedad de sus actos y que estos pueden tener consecuencias severas.
La fiscal asegura que ante la situación que se está dando, se han reunido con los fiscales especializados para ver las estrategias a seguir. Además, están trabajando en conjunto con el MEP, el OIJ, la Fuerza Pública y el PANI.
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La experta asegura que están tratando de determinar cuáles son los centros educativos en los que hay mayores actos de violencia para intervenir de inmediato.
Esquivel hizo un llamado para que los funcionarios públicos, es decir profesores, directores y demás encargados, denuncien cualquier situación de riesgo en la que niños y adolescentes se ven en riesgo, pues si no lo hacen pueden cometer un delito. La Fiscalía también anda detrás de ver cuáles centros educativos no están abordando correctamente las violencias en las aulas.
Para la experta es importante que los educadores no solo denuncien cuando se trate de hechos sexuales, sino siempre que sea necesario.
“Si no se pone un límite puede provocar que los hechos se sigan dando, hay que frenarlos”, dijo.
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Quienes deseen interponer una denuncia ante la Fiscalía o solicitar que los expertos den una charla en sus centros educativos, pueden llamar al 2295-3959 o escribir al correo electrónico: fa_pjuvenil@poder-judicial.go.cr.
En el caso de los estudiantes detenidos en el Liceo del Sur, uno de ellos deberá cumplir con arresto domiciliario y a los otros les dieron órdenes de orientación y supervisión.
