EscucharWalter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtió que la Policía Judicial entraría en un cierre técnico a partir de abril del 2023 si se aprueba el recorte presupuestario que el Gobierno propuso para el Poder Judicial, el cual es de ¢7.838 millones.
Espinoza explicó que esta situación causaría que el OIJ sufra una disminución de ¢2.900 millones en su presupuesto, lo que impediría que los investigadores continúen con sus labores, por lo que en un momento dado la Policía Judicial tendrá que detener su funcionamiento.
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“Al OIJ en la aprobación presupuestaria que Hacienda dirigió a la Asamblea Legislativa le cercenan de su presupuesto aproximadamente tres mil millones de colones, que están relacionados directamente con actividades operativas y pueden provocar que a partir de enero del 2023 la Policía Judicial se paralice prácticamente de manera completa y que tengamos un cierre técnico del OIJ en abril del 2023″, explicó.
El director del OIJ aclaró que no tiene intención de alarmar a la población o de causar una visión pesimista de lo que puede pasar, pero aseguró que hay datos reales y comprobables de que el recorte de presupuesto pone en riesgo el funcionamiento del OIJ.
“Lo que pretende la persona que nos asigne el presupuesto que suceda con la Policía Judicial es que 971 personas no van a poder salir a trabajar porque sus chalecos se vencen, el 100% del personal del OIJ no va a tener póliza del riesgo y adicionalmente tenemos cero colones para gastos operativos de investigación, ante ese panorama evidentemente nosotros tenemos que comentar y trasladar el riesgo de esta circunstancia para efectos de que la población conozca los problemas que enfrenta la Policía Judicial”, detalló.
Como lo mencionó Espinoza, de aprobarse el recorte presupuestario el OIJ no contaría con fondos para la renovación de chalecos antibalas, compra de equipo para allanamientos, compra de reactivos químicos para realizar pruebas de ADN, balística, toxicología y análisis de drogas; además de afrontar la eliminación de las pólizas de riesgo de trabajo y reducción en el combustible, entre otros.
