Las siete personas detenidas este martes por, supuestamente, poner una bomba en la Asamblea Legislativa y otra en el edificio de Teletica, tenían todo listo para dar otro golpe el 15 de setiembre, pero la policía los descubrió a tiempo.

Según la investigación, la idea del grupo era hacer estallar explosivos en el parque Nacional de San José mientras se llevaban a cabo las actividades para celebrar la independencia.

Los detenidos son seis hombres, de apellidos Sandoval Alvarado, Gutiérrez Pizarro, Borbón Navarro, Navarro Naranjo, Calderón Navarro y Ureña Wong y una mujer apellidada Fernández Castro. Todos cayeron en manos de la policía en siete allanamientos realizados en Alajuelita, El Carmen de Goicoechea, Pérez Zeledón, Quircot de Cartago y Palmar Norte de Osa.

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En conferencia de prensa, Wálter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que la investigación contra los sospechosos se inició el 26 de junio con el análisis del explosivo que hallaron en el despacho de la diputada Zoila Rosa Volio.

Esa bomba era similar a una bombeta de turno, pero le agregaron nitrato de potasio y la envolvieron en un material para darle más potencia. Los antisociales pretendían hacer el mayor daño posible.

Luego vino el caso de la segunda bomba, la que pusieron el 27 de julio en las afueras de Televisora de Costa Rica.

Esa bomba estaba hecha con un extintor, pólvora negra y nitrato de potasio. En este caso el extintor servía también de compresor, lo cual le dio más potencia al explosivo en comparación con el primero. Según los análisis de los especialistas forenses, la capacidad de expansión (o daño) del explosivo era de unos 100 metros.

Pero la cosa no quedó ahí, el grupo planeó un nuevo golpe y modificó las bombas para que fueran más dañinas. Esas pretendían hacerlas estallar el 15 de setiembre, pero un día antes la policía detuvo al hombre de apellido Borbón, quien llevaba en un bulto dos bombas. Lo agarraron en El Guarco de Cartago mientras iba en bus.

Los explosivos estaban activados, tenían un temporizador y eran similares al usado contra Teletica, pero estaban reforzados con metralla (objetos pequeños como clavos, balines o tornillos que salen expulsados cuando el aparato explota).

Walter Espinoza dijo que este tipo de bombas son muy peligrosas y debido a los objetos que lanzan pueden herir a personas o incluso matarlas. Los especialistas que las analizaron determinaron que la capacidad de expansión que tenían era de unos 300 metros.

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Abogado líder

La Policía Judicial detalló que en la investigación identificaron al sospechoso de ser el cabecilla de la banda, un abogado de apellido Gutiérrez.

Además, detalló que al revisar la casa de Sandoval Alvarado encontraron una bombeta de turno muy parecida a la que hicieron estallar en la oficina de la diputada Volio, así como un temporizador y otros elementos que se usan para fabricar bombas.

En la vivienda de Calderón decomisaron pólvora negra y nitrato de potasio, los materiales que se utilizan para generar más potencia en los explosivos. También en la casa de Ureña encontraron evidencias importantes, entre ellas extintores idénticos a los que se colocaron en las afueras de canal 7 y a los que se le incautaron a Borbón el 14 de setiembre.

El jefe del OIJ explicó que los tres sospechosos que se apellidan Navarro son primos y viven en la zona sur del país, ellos se encargaban de hacer las bombas y luego, al parecer, se las entregaban a los otros sospechosos para que las colocaran.

En el caso de la mujer detenida ella no está relacionada directamente con las bombas, pero sí con unos audios que circularon en julio y en los que ella hacía un llamado a pegarle un balazo al presidente de la República y a poner explosivos en medio de comunicación como La Nación y Teletica.

La fiscala general, Emilia Navas, detalló que a los detenidos se les van a atribuir tres tipos de delitos.

“A cinco de ellas el delito de incendio o explosión, que tiene penas de cinco a diez años y si se determina que fue cometido en su forma de hasta veinte años de prisión. El delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos que se sanciona con penas de prisión de cuatro a ocho años.

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“A la señora de apellido Fernández Castro se le atribuye el delito de apoyo y servicios para el terrorismo, delito que está sancionado con entre seis y diez años de cárcel”, detalló Navas.

Las siete personas fueron indagadas este martes por agentes judiciales y e fiscal a cargo del caso se encargará de analizar que tipo de medidas cautelares pedirá para ellos.