EscucharEl único odontólogo forense de Costa Rica José Manuel Fernández Chaves renunció a sus funciones en el Complejo de Ciencias Forenses en el Poder Judicial.
La renuncia la presentó este lunes 8 de enero mediante una carta de ocho páginas en El Consejo Superior del Poder Judicial.
Fernández tenía 17 años de ser especialista en el Poder Judicial, él alegó que las principales razones por las que deja su puesto se deben al bajo salario que percibe y la falta de capacitaciones.
Además señala de que en todos los años de trabajar en el Poder Judicial nunca ha recibido una capacitación de odontología forense pagada por este poder.
“No recibí ni una sola capacitación en odontología forense financiada por el Poder Judicial, únicamente conté con permisos con goce de salario, pero fueron a impartir conferencias y capacitaciones”.
“Los peritos no renunciamos solo porque los salarios son malos, renunciamos porque no hay crecimiento profesional, no hay salario emocional, porque el personal está desmotivado y está ‘quemado’ o como quieran llamarlo porque cada vez son más las autopsias, cada vez son más complejas con la cantidad de cadáveres putrefactos, carbonizados, descuartizados y poli-baleados que se ven semanalmente”, dijo Fernández.
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Fernández señaló en su carta que antes de renunciar habló con uno de sus jefes es decir el director del OIJ Randall Zúñiga, pero le señaló que no hay forma de mejorar su situación salarial.
Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se manifestó ante las renuncias del personal en el Poder Judicial.
“Desde el Poder Judicial, la renuncia de personas funcionarias es un tema que nos preocupa y nos ocupa; hemos insistido ante la opinión pública sobre la necesidad de tener las mejores personas profesionales y técnicas, en buenas condiciones laborales, para garantizar una administración de la justicia eficiente, eficaz y que responda oportunamente a las necesidades del país. El reto que tenemos, y en el cual trabajamos, es crear estrategias con la Dirección de Gestión Humana para mantener y atraer personas calificadas, tanto en el área jurisdiccional, como en el Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública y el ámbito administrativo.
