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Un hombre de apellidos Hernández Zamora no pudo librarse de la sentencia dictada en su contra por haber amenazado con poner una bomba en la casa de un fiscal del Ministerio Público.
Aunque no pondrá ni un solo pie en prisión, Hernández deberá cumplir con un período de internamiento en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol), del Hospital Nacional Psiquiátrico.
Así lo definió el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, el cual ratificó el fallo mediante el cual se declaró a Hernández culpable por el delito de amenazas a un funcionario público.
“El tipo de sanción obedece a la condición de inimputabilidad (no posee la capacidad de comprender si lo que hizo es un delito o no) de la persona; el Tribunal Penal estableció que el plazo de internamiento será el que indiquen los médicos especialistas y dispuso de revisiones cada seis meses”, informó el Ministerio Público.
Los hechos por los cuales se ordenó el internamiento de Hernández, ocurrieron el 8 de julio del 2019, cuando este llamó al 9-1-1 para amenazar con poner una bomba en la casa de un fiscal del ministerio Público, de quien aportó el nombre, alegando que lo haría por “robarle sus derechos”.
En octubre del año pasado se realizó un juicio por este caso, en el cual el Tribunal Penal a cargo ordenó la medida curativa para Hernández, sin embargo, la defensa de este interpuso un recurso de apelación, el cual finalmente fue rechazado por el Tribunal de Apelación.
En la sentencia en firme, el Tribunal confirmó que el delito juzgado se comete no solo cuando las amenazas se realizan de forma directa, sino también por teléfono.
