EscucharEl Tribunal Penal de Hacienda anuló este jueves el sobreseimiento (suspensión) dictado a favor del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, por el caso Crucitas.
La decisión fue comunicada por el juez Andrés Saborío Cascante poco antes de este mediodía, mediante el voto 169-2019.
Según la resolución, el caso será devuelto al Juzgado Penal de Hacienda para que realice un nuevo análisis.
Rodolfo Brenes Vargas, abogado de Arias le dijo a La Nación que “se anuló el sobreseimiento por un defecto de razonamiento, pero no por el fondo".
"El Tribunal Penal declaró con lugar los recursos de apelación (...), pues consideró que la jueza hizo una aplicación incorrecta del artículo 33 del Código Procesal Penal para definir la prescripción, cuando debió haberse fundado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
“No se pronunció sobre la prescripción, pues considera que el punto debe se resuelto por el Juzgado Penal en una nueva audiencia preliminar. Así que el tema jurídico de la prescripción sigue vigente.
“Recibimos esta resolución respetuosos de la autoridad judicial, sabiendo que estas incidencias son parte de todo proceso penal. Seguimos creyendo firmemente que no se cometió delito alguno y que, además, los hechos están sobradamente prescritos, lo que no tenemos duda se establecerá oportunamente”, dijo Brenes.
La anulación se da después de que el Ministerio Público señalara el martes anterior que una aplicación errada de la ley fue la que permitió, en febrero, que se dictara el sobreseimiento a favor del exmandatario.
El fiscal José Pablo Miranda Hurtado expuso en una audiencia las razones por las que se oponían a la resolución del Juzgado Penal de Hacienda, según la cual, la acusación contra Arias prescribió y por tanto se le debía exonerar de los cargos.
Miranda insistió en que la jueza Carla Bonilla Ballestero se equivocó al aplicar la ley procesal en febrero pasado, cuando dictó el sobreseimiento por prescripción a favor de Arias.
Al expresidente se le atribuyen dos delitos de prevaricato (resolver contra la ley o con base en hechos falsos), cuya pena más alta es de seis años de cárcel. Este delito prescribe a los seis años.
