EscucharTres costarricenses se sentarán en el banquillo de los acusados de los Tribunales de Nicaragua el próximo viernes 13 de octubre.
Se trata de dos hombres de apellidos Pérez y Vargas, así como de una mujer de apellido Mejía. Ellos fueron detenidos el 31 de agosto anterior por, aparentemente, andar dos kilos de cocaína y una pistola en un carro con placas ticas, cerca del parque de Diriamba, Nicaragua.
Junto a los costarricenses, también detuvieron a una nicaragüense apellidada Bustos.
Este lunes los acusados tuvieron la primera audiencia y se les interpuso prisión preventiva como medida cautelar.
Complicada defensa
Manuel Ramos, abogado defensor de los tres ticos, comentó que la acusación es generalizada y que no se detalla la participación de cada uno de sus representados.
“No se individualiza cómo es que los acusados se están dedicando a la actividad o cuál es su labor, entonces hablan de una situación muy en general y eso limita la defensa que tenemos que realizar”, dijo Ramos.
El abogado reclamó que el día de las detenciones, arrestaron a otras dos personas más, quienes ahora no aparecen entre los acusados.
“¿Qué pasó con esas otras dos personas?, posiblemente fueron las que portaban la droga que les fue montada a los acusados. Ellos entraron limpios al país por la frontera de una manera legal y andaban en sus actividades personales”, expuso el jurista.
Ramos alegó que las dos mujeres se encontraban en un restaurante cercano donde se dio la captura de los otros implicados y que en el juicio demostrará como el Ministerio Público y la Policía carece de objetividad.
También explicó que en el peritaje encontró cocaína en el automotor, pero que esta misma persona se encargó de hacer una prueba para ver si había rastro de armas y en apariencia no tenía preparación para este tema.
Marlon Sáenz, abogado defensor de Vargas, también expuso que la acusación es generalizada y le explicó a la jueza Carol Urbina, del juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Diriamba, que su defendido sufre trastornos mentales, hiperactividad y epilepsia, pidió que fuera valorado por el Instituto de Medicina Forense.
