Cada vez son más los vivazos que intentan meter celulares a las cárceles de las formas más creativas, pero lo peor de todo es que si son sorprendidos solo reciben un “castigo” que no es nada del otro mundo. Por eso, los mismos policías penitenciarios fácilmente caen en la tentación.

Es más, los delincuentes que llegan de “visita” se van de la misma forma en la que entraron, únicamente pierden los celus que llevaban más no su libertad, el único castigo es que no pueden visitar una cárcel de uno a seis meses.

En el caso de los policías corruptos, a ellos se les abre un proceso disciplinario por el cual pueden ser suspendidos o despedidos, sin embargo, no terminarán en el tabo.

Esto se debe a que meter celulares a centros penales no se considera un delito, por lo que no existe un sanción a nivel penal para quien caiga en esta fechoría. Así lo explicó Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria.

“Si la persona (un visitante) es sorprendida tratando de ingresar teléfonos celulares lo que va a ocurrir es que se le va a dictar una medida cautelar para que no pueda entrar al centro penal, esta sanción puede ser de uno a seis meses”, dijo Ching.

Esta leve sanción se ha convertido en un portillo para que algunas personas se la jueguen, pues saben que es más la plata que podrían echarse a la bolsa que el castigo que podrían recetarles. Lo mismo pasa con los uniformados, que saben que, incluso, podrían seguir breteando mientras son investigados.

“Por supuesto que sí se convierte en un negocio, nosotros hemos detectado que les pagan entre ¢450 mil y ¢500 mil por celular, las personas se arriesgan porque eso es más que un salario mínimo, por lo que se sienten atraídas”, añadió Ching.

Aprovechados

No cualquier persona puede visitar a un reo, solo tienen permiso aquellos que han sido autorizados previamente por el mismo preso, por eso los bichos siempre andan buscando personas que tengan contacto con alguien adentro del tabo.

Muchas veces los maleantazos se acercan a los policías penitenciarios, que por lo general son muy humildes, y les lavan el coco diciéndoles que si les ayudan con un “encargo”, pueden ganar mucha platita.

“Uno podría determinar que por las necesidades de estas personas es que les proponen estos negocios ‘fáciles’, para que así obtengan lo necesario para cubrir esa necesidad”, contó Ching.

Contratados

El subdirector de la Policía Penitenciaria dijo que es muy claro que detrás de todos estos casos hay grupos criminales, que usan distintos métodos para que los celus lleguen a su destino sin que ellos salgan embarrados.

El caso más reciente ocurrió el pasado 26 de agosto afuera del Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora (dentro del complejo La Reforma), donde un hombre recibió una golpiza por negarse a meter dos celulares. El sujeto contó que fue contratado para este “servicio”.

En cuanto a policías corruptos, el último caso se dio ese mismo día, cuando un uniformado de apellido Pacheco fue sorprendido en la cárcel Gerardo Rodríguez de Alajuela con una carga de drogas y 7 celulares. Al oficial le recetaron 3 meses de preventiva, pero por el tema de las drogas.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en este año han sorprendido a 23 oficiales y siete funcionarios administrativos, de los cuales tres ya fueron despedidos, siete están suspendidos y los demás siguen bajo investigación.

Pocas soluciones

Ching explicó que las autoridades penitenciarias han puesto sus esperanzas en lo que creen que es una de las pocas soluciones para luchar con este problema, quitar la señal.

“Nosotros hemos insistido como Ministerio en la puesta en marcha de la inhibición de la señal celular, es algo vital para disminuir los riesgos y contar con una herramienta más para frenar este problema”, añadió.

De hecho la ley para el bloqueo de la señal celular fue aprobada en agosto del 2018; sin embargo, sería hasta abril del 2020 que este plan se ponga en marcha, esto siempre y cuando las compañías telefónicas no consigan extender el plazo para acomodarse a este cambio.

Según datos del Ministerio de Justicia, en lo que va del año se han decomisado más de 2000 celulares, tanto dentro de la cárcel como en los puntos de acceso.