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El 2023 marcó la vida de 52 familias a las que la violencia les arrebató la vida de sus seres queridos, quienes fueron víctimas inocentes de homicidios y están dentro de los 907 crímenes con los que cerró el año pasado, cifra que fue dada a conocer este 2 de enero por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Estas personas son consideradas como víctimas colaterales por el OIJ, o sea, que eran inocentes, pero al final fallecieron en distintas circunstancias como parte de la violencia.
Esto contradice lo que se dejó decir el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien en una entrevista aceptó que la violencia se salió de control, pero le bajó el piso al tema asegurando que se están matando solo entre criminales.
Uno de los asesinatos de un inocente ocurrió el pasado 22 de abril cuando fue asesinado el joven Clisman Bravo Martínez, de 25 años, él quedó en medio de una balacera.
El caso ocurrió en barrio San Rafael de Siquirres, específicamente en las inmediaciones del bar La Petrolera.
Además de Clisman, en la balacera también perdió la vida un hombre identificado como Luis Guillermo Williams Arroyo, de 33 años, quien, al parecer, era el objetivo de los dos gatilleros que desataron el tiroteo.
El Ministerio de Seguridad Pública informó que Williams contaba con antecedentes por venta y distribución de drogas y que, en apariencia, formaba parte de una estructura criminal que opera en Limón.
Otra víctima colateral del 2023 fue Luis Gabriel Godoy Mena, de 33 años, a él le arrebataron la vida la noche del domingo 5 de noviembre, en el centro de Jacó.
Las autoridades judiciales afirman que es una víctima inocente de un tiroteo en que recibió un balazo en la cabeza. Los otros fallecidos fueron los primos Santiago Andrés González Caicedo y Rosemberg Rodríguez Caicedo, ambos de 41 años.
En el año 2022 las víctimas colaterales fueron 18, por lo que el incremento fue de un 188%. De los 907 casos, un cinco por ciento son los inocentes.
Otra cifra que llamó la atención y fue revelada este martes 2 de enero durante una conferencia de prensa del OIJ para hablar sobre los homicidios del 2023, que 71 mujeres fueron asesinadas en el 2023.
Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que algunas de esas mujeres eran parejas de personas investigadas por crimen organizado o pertenecían a grupos criminales.
Cifra alarmante
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Según los números, por cada 100 mil habitantes son asesinadas 18 personas.
Las provincias más violentas fueron San José y Limón, en la primera se dieron 220 y en la segunda 214. En Puntarenas hubo 150 casos, en Alajuela 102, en Guanacaste 101, Cartago 73, y en Heredia 47.
Durante el 2023 se dio un crimen cada nueve horas, por lo que con relación al año 2022, los homicidios subieron un 37%, ese año se cerró con 622 casos.
Los días en que más asesinatos se dieron fueron sábados y domingos, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana y el 70% de las víctimas son personas jóvenes menores de 39 años
Además, en 192 casos los asesinos iban en moto.
Torturas y amenazas
En 2023 hubo más casos en que las víctimas fueron decapitadas o aparecieron envueltas en sábanas.
Don Randall asegura que aunque es desgastante el tema de qué hacer con las motocicletas que son usadas constantemente para cometer los crímenes es necesario hacer algo, así cómo también con el uso de las armas.
Don Michael Soto, subdirector del OIJ, aseguró que las investigaciones de los homicidios no son fáciles y más cuando los testigos en los casos están quitados. Además hay que tomar en cuenta que el OIJ también está solucionando casos de años anteriores.
“El porcentaje de resolución de casos es del 70 por ciento”, aseguró Soto.
El director del OIJ, dijo que hay que esperar los primeros tres meses de este año para ver cómo va a pintar el panorama en cuanto a los homicidios aunque el panorama no es nada alentador, según otros expertos.
Aunque don Randall asegura que se trata de un tema de fondo porque ellos en las calles lo están dando todo.
Por encimita el jefe policial aseguró que los problemas van más allá, pues hay menores de edad que están dejando las aulas y se convierten en mano de obra barata de los grupos criminales.
Además, aseguró que algunas personas por temas de migración o asentamientos viven en una zona y reciben ayuda para ubicarse en otra, por lo que al no tener fuentes de trabajo también se ven “tentados” por las bandas.
“Es necesaria la inversión en seguridad, desde hace cuatro años las policías estamos atadas para poder hacer uso de los recursos que la ley dice”, dijo Zúñiga quien comentó que hasta en dos años van a ver los dineros de la regla fiscal.
Según las investigaciones que ha realizado el OIJ, la vida de un criminal joven es de apenas 18 meses, esto porque son detenidos o asesinados.
