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“Cuando usted reciba una llamada telefónica en la que le pidan un dato o la persona se identifique como un funcionario bancario que requiere algún tipo de clave para ingresar al sistema, lo que tiene que hacer de inmediato es colgar. No reciba la llamada, no es un tema de ser descortés, sea maleducado y simplemente cuelgue. Debe percatarse que usted está en las lista de las personas a las que quieren hacerle daño”.
Así de claro fue Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al referirse al tema de las estafas telefónicas.
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Las cifras son alarmantes, Espinoza reveló que solo en San José, la sección de Fraudes recibió un total de 1.146 denuncias por delitos de este tipo en el 2017. El daño económico fue de ¢2.166 millones y $803 mil (unos ¢465 millones).
En el 2018 registraron 1.474 reportes y hasta el momento han contabilizado una afectación de ¢1.555 millones y $250 mil (unos ¢145 millones), pero todavía falta tabular información, por lo que el monto aumentará bastante.
En un corte hecho al 31 de julio de este año, la Policía Judicial reporta haber recibido 1.511 denuncias, lo que deja ver un claro aumento y eso que falta para que acabe este 2019. Las autoridades pronostican que la afectación económica alcance los ¢5 mil millones y el millón de dólares (¢580 millones).
Espinoza reconoció que muchos de estos delitos son realizadas por reos desde la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, incluso dio a conocer que este viernes allanaron las celdas de dos reclusos sospechosos de cometer tres estafas a principio de año, en las que los afectados fueron taxistas.
El jerarca dice que la única manera para que estos números bajen, es que la gente entienda que ninguna empresa bancaria o de Hacienda va a solicitar información sensible por teléfono, para que las personas no caigan en la trampa de los cacos.
