Los jueces Franz Paniagua Mejía y Alfredo Arias Calderón dieron a conocer su informe sobre la recusación en su contra para que no lleven a cabo el juicio por el caso de La Trocha.
Ambos coinciden que no cabe la recusación porque la Defensa Pública y el Ministerio Público se encuentran adscritos al Poder Judicial; sin embargo, para evitar a futuro un conflicto de intereses, decidieron separarse y llevar este proceso.
La jueza Rosaura García aceptó la inhibición de los jueces.
“Resulta amparable la recusación de los jueces para garantizar la imparcialidad, se dispone de la separación de los jueces”, dijo García.
Todo esto se dio porque el abogado público Mauricio Paniagua Alpízar recusó a dos de los jueces, Franz Paniagua y Alfredo Arias, esto porque él los defendió en otro proceso en el que ellos fueron acusados por un supuesto delito de prevaricato (en su función como jueces habían dictado conjuntamente con otra jueza una resolución que alguien consideró contraria a la ley).
Ante esta situación, el caso de La Trocha deberá ser programado.
La jueza le dijo a los imputados que quienes lo deseen pueden presentar un documento por escrito si desean someterse a un proceso abreviado, es decir aceptar los delitos que se le acusan.
LEA MÁS: Caso La Trocha: juicio no arrancó porque recusan a dos jueces por posible carencia de imparcialidad
En el caso de La Trocha, el abogado Paniagua defiende a dos imputados de apellidos Agüero Gamboa y Mora Barrantes, que eran supervisores de obra y funcionarios de Conavi.
El caso está en juicio porque, supuestamente, se dieron dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de esa obra; la construcción de esta carretera fue declarada como de emergencia en el 2010 por las supuestas invasiones de militares nicaragüenses en suelo tico.
El expediente de este caso es el 12-000053-0621-PE y figuran 26 acusados, entre los cuales hay funcionarios o exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 18 empresarios contratados para las obras, dos mujeres, esposas de empresarios, y tres particulares, estos últimos supuestamente se habrían beneficiado con las compras de bienes con fondos de estos dineros.