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El Ministerio de Salud informó este jueves que emitieron una orden sanitaria contra los propietarios de una finca utilizada para plantaciones de arroz, luego de que varios estudiantes del Liceo de San José de Upala sufrieron intoxicaciones el miércoles con agroquímicos.
El reporte entregado a la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Chorotega por la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó que los 19 estudiantes afectados sufrieron dolores de cabeza y náuseas, ellos fueron atendidos por la Cruz Roja y llevados al hospital.
“Al momento de la inspección en el sitio, se detecta un drone en ruta de vuelo fumigando el cultivo, así mismo, se verifica el lugar en donde se encontraban los productos utilizados, los cuales eran; Kasumin 2 – bactericida fungicida, Keyplex 350 DP, Manver zinc 9.6., Manver potasio y Bayfolan- abono foliar”, indicó Salud.
La orden indica que en la finca deben suspender toda actividad de fumigación, con cualquier tipo de agroquímico, en las fincas con sembradío de arroz ubicadas en San José de Upala, lo anterior hasta tanto se cuente con el respectivo visto bueno para el desarrollo de dicha actividad en el inmueble, debidamente otorgado por las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
“Como lo hemos venido realizado y en nuestro papel de ente rector en salud pública estamos en la obligación de tomar todas las medidas sanitarias necesarias con el objetivo de prevenir y mitigar el riesgo o daño a la salud, en procura del bienestar de todas las personas que radiquen en el territorio costarricense ante los posibles efectos por el uso de agroquímicos.”, indicó la Dra. Mary Munive, Vicepresidenta de la República y ministra de Salud.
Los dueños de la finca están advertidos de que de incumplirse la orden, Salud decomisará todo tipo de herramientas, producto químico, equipo y vehículos utilizados en la actividad de fumigación.
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“Además, se procederá a presentar una denuncia penal y elaborarse el respectivo informe sanitario de cobro de multa por ¢462.200 colones netos, equivalentes a un salario base”, detalló Salud.
El artículo 314 del Código Penal también establece cárcel por desobediencia a la autoridad.
“…Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención…”, dice la Ley.
