Los reos son la principal fuente de información con la que trabajan las autoridades para agarrar a los policías penitenciarios corruptos que intentan meter celulares a los centros penitenciarios.

Así lo contó Pablo Bertozzi, director de ese cuerpo policial, quien agregó que los presos que les ayudan no obtienen ningún beneficio, solo el respeto de los buenos funcionarios.

“Tenemos reos que nos dan información, son informantes y nos dicen qué está pasando, las anomalías dentro de las cárceles”, explicó Bertozzi.

En lo que llevamos del año, han sorprendido a 23 uniformados y siete funcionarios administrativos que han intentado meter celulares a los centros penales del país. De esos treinta trabajadores, tres han sido despedidos y siete suspendidos, los demás mantienen los procesos abiertos.

Bertozzi asegura que los funcionarios que terminan trabajando para los privados de libertad son personas que no conocen sobre valores y moral alguna.

“Creo que es un tema de valores y formación, no creo que una persona se vuelva corrupta por un tema de necesidad. Hemos visto figuras importantes a nivel nacional que se vinculan en actos de corrupción y no creo que sea por necesidades de carácter económico.

“Igual en los centros penales tenemos personas muy humildes de condición, pero sumamente honorables”, aseguró.

El comportamiento delata

El funcionario explicó que, además de las alertas que reciben de los presos, el comportamiento de los oficiales permite descubrir si andan en malos pasos.

"A las personas honestas en su función siempre se les notará tranquilas, pero los que están en actos de corrupción andan tensos, estresados, molestos y a la defensiva, son personas que han perdido su paz interior, ellos saben en lo que andan y eso indudablemente lo acusa”, expresó.

Las autoridades también analizan con quién se relaciona el funcionario, si tiene alguna vinculación con la población penitenciaria, la forma de moverse y relacionarse con los presos y, como detalle muy importante, su situación económica.

“Si de repente se le ve con más dinero y no se le conoce otra actividad más allá de la laboral, es un indicador de las autoridades para dar con los funcionarios corruptos”, explicó Bertozzi.

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El director policial señala que no hay un monto específico de lo que se puede ganar un funcionario por meter celulares o drogas a las prisiones, pero se pueden echar entre ¢80 mil y ¢400 mil.

“Es muy difícil determinar un monto específico, depende de la cantidad y tipos de celulares, así como de los accesorios que vayan a meter, además de a quién va dirigido. El precio varía por los costos y los riesgos, pero se han pagado sumas millonarias porque los presos tienen urgencia de tener los teléfonos”, señaló Bertozzi.

A los penitenciarios que descubre en estas situaciones se les abre un proceso penal y administrativo, Bertozzi señala que muchos renuncian al trabajo mientras los investigan, pero el expediente siempre les queda manchado.

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El último caso se dio el 26 de agosto cuando un oficial, de apellido Pachecho, intentó meter crack, cocaína, pastillas de clonazepam y celulares en la cárcel Gerardo Rodríguez de Alajuela.

A él dictaron tres meses de prisión preventiva porque lo agarraron con drogas, ya que el ingreso de celulares no es un delito según las leyes del país, solo implica un proceso disciplinario.