EscucharGloria Abigaíl Niño Canales, de 67 años, conocida como La Reina de los Coyotes, junto a su banda de otras 15 personas, enfrentan una audiencia en la que están a la espera de medidas cautelares.
Este proceso inició desde las 9 a. m. de este miércoles en el Juzgado Penal de Heredia y de acuerdo con las autoridades podría llevarse bastantes horas debido a que son 16 investigados.
El OIJ y la Fiscalía investiga a esta organización por ser sospechosa de producir marihuana hidropónica dentro de casas de alta gama, es decir, dentro de residenciales finos.
La captura la hicieron la mañana de este martes 22 de mayo mediante 14 allanamientos en Heredia, Alajuela y San José.
La Fiscalía Adjunta de Heredia indicó que la noche de este martes terminaron la toma de la declaración indagatoria de los sospechosos.
Un hombre de apellidos Sánchez Cubero, de 38 años, fue detenido luego de presentarse a los Tribunales de Justicia, luego de que las autoridades no lo encontraran en los allanamientos.
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Los demás sospechosos son dos hijos de la Reina de los Coyotes, Espejo Niño, un hombre de 29 años y una mujer de 31 años.
Además de otra mujer de apellidos Campos Loría de 26 años y los demás hombres: Chaves Araya, de 28 años; Aguilar Román, de 32; Vargas Zúñiga, de 39; Hernández, de 53 y nacionalidad salvadoreña; Laínez Mancedo, de 45 años y nacionalidad nicaragüense; Rhoden Lozano, de 31 años; Bartels Rodríguez, de 31; Torres Chacón, de 28; Loría Ramírez, de 34; Calderón Hidalgo, de 42 y Aguilar Valerio de 32 años.
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El apodo contra la supuesta líder se debe a que desde 1995 hasta el 2000 las autoridades de Estados Unidos la consideraron la mayor tráficante de personas hacia Norteamérica.
El diario estadounidense The Washington Post informó en 1995 de que ella sería la responsable del ingreso de 10.000 ilegales al año, en su mayoría migrantes chinos e indios.
Siempre ha estado en el ojo de las autoridades; a ella la capturó la Policía Internacional (Interpol) el 1° de diciembre de 1995, en Quito, Ecuador, y la enviaron a Honduras, donde tenía una orden de captura como sospechosa del tráfico internacional de extranjeros ilegales y por la muerte de 9 migrantes. Se desconoce en qué terminó ese proceso, luego fue extraditada a Costa Rica y en noviembre del 2002 la condenaron a 12 años en la cárcel por ocho delitos de falsedad ideológica (insertar en un documento público declaraciones falsas), ocho de penalidad del corruptor (entregar dinero a un funcionario público) y el de asociación ilícita.
