La abogada Ana Patricia Guillen, regidora del Concejo Municipal de Alajuela, puso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional pues piensa que no son esas agrupaciones las que deben definir si los seis alcaldes investigados en el caso Diamante deben ser suspendidos con goce de sueldo o sin este.

Los alcaldes son Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa), Arnoldo Barahona (Escazú) y Humberto Soto (Alajuela).

Según Guillen, no existe ninguna ley o estatuto que establezcan que esa es una función de los regidores; afirma que hay un vacío legal y que eso debe ser analizado por los magistrados.

“Los funcionarios públicos, en este caso yo, como regidora, estamos obligados a acatar únicamente la norma legal; si no hay una ley que nos faculte a hacer algo o nos obligue, no lo podemos hacer. El Código Municipal es muy claro al señalar las funciones y las atribuciones que nos corresponden a los regidores”, detalló.

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La abogada presentó el recurso de amparo el domingo y este lunes interpuso una medida cautelar provisional ante el Tribunal Contencioso Administrativo y un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

“Lo que queremos es que el Contencioso suspenda el acto mientras se define lo otro (en la Sala Constitucional) porque estamos en un limbo jurídico”.

Johnny Araya (San José): ¢5,7 millones; Mario Redondo (Cartago): ¢5 millones; Alfredo Córdoba (San Carlos): ¢3,9 millones; Alberto Cole (Osa): ¢4 millones; Arnoldo Barahona (Escazú): ¢4,9 millones y Humberto Soto (Alajuela) ¢3 millones.

—  Salario mensual de alcaldes investigados

La abogada tomó estas acciones luego de que el viernes 19, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinara que los seis alcaldes investigados permanecerán suspendidos de sus cargos por seis meses, pero la jueza no especificó si seguirían recibiendo su salario; dijo que eso no le correspondía a ella.

El Tribunal Supremo de Elecciones tomó la misma posición que la jueza y añadió que esa responsabilidad les correspondía a cada Concejo Municipal involucrado.

Misma jerarquía

Además del supuesto vacío legal, Guillén piensa que no tiene sentido que sean los Concejos los que definan si el alcalde investigado se queda sin salario pues esa agrupación no es patrono.

“Nosotros, como municipalidad, tenemos dos cabezas: la Alcaldía y el Concejo Municipal, pero en el mismo grado de jerarquía, no hay subordinación de uno con respecto al otro, hay una competencia igual”, explicó.

La abogada mencionó que tomar la decisión en el Concejo Municipal podría ocasionar problemas legales para los propios regidores e incluso para la municipalidad.

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Si ellos llegan a cometer un acto que podría ser considerado como ilegal pueden terminar demandados.

“Si la autoridad suprema me obliga a hacerlo, ya eso sería otro tema”, detalló.

Se apartaría

La regidora dijo que aún no se ha definido si este tema se tratara en la sesión del Concejo Municipal de Alajuela de este martes.

“Al haberse judicializado esta situación en caso de que haya sesión, habría una moción en este sentido yo tendría que apartarme (por haber presentado los recursos). Serán los magistrados los que determinen esto, así como los jueces del Tribunal Contencioso”.

En cuanto al recurso de amparo presentado por Guillén, Ewald Acuña, abogado y exjuez de la República, explicó que si la Sala Constitucional se pronuncia, lo que decida aplicaría para todas los Concejos Municipales que están en la misma condición, no solo para el de Alajuela.

Johnny Araya renuncia al Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales

—  Mediante una carta enviada por correo electrónico al Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el señor Johnny Araya, comunicó que se separa del cargo de presidente. Manifestó que “ la buena marcha de la UNGL debe ser la prioridad en estos momentos complicados”.

Moneda en el aire

La suspensión de los alcaldes con goce de salario o sin él también está siendo discutida en los demás Concejos involucrados y la gran mayoría aún no han definido nada.

En el caso de San José, el regidor Diego Miranda dijo que están evaluando la situación para ver qué procede y señaló que presentará una moción para que el alcalde Johnny Araya no reciba su salario durante la suspensión de 6 meses.

Por su parte, Juan Diego González, presidente del Concejo Municipal de San Carlos, aseguró que no han recibido una notificación formal de parte del juez de las medidas cautelares que se le interpusieron al alcalde Alfredo Córdoba; que cuando la tengan, discutirán si la suspensión es con goce de salario o no.

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Lo mismo dijo Carlomagno Gómez, regidor de Escazú, sobre el caso del alcalde Arnoldo Barahona.

“En el Concejo no tenemos claro si la sentencia debía integrar la suspensión salarial, estamos pendientes de ese tema}”, sostuvo y añadió que tocarían el tema este lunes en la noche.

Agregó que hay división de opiniones sobre si Barahona debe o no seguir recibiendo el sueldo; Gómez se opone a que le siga llegando.

En el caso del Concejo Municipal de Cartago, el regidor Jonathan Arce dijo que este martes sesionarán de manera virtual y que aún no saben si el tema se va a tratar.

Tratamos de conocer la situación del Concejo de Osa, pero al cierre de esta nota no había sido posible hablar con su presidente, el regidor Alfredo Soto.