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El Poder Judicial está muy preocupado por el recorte presupuestario de ¢7838 millones que aplicó el Ministerio de Hacienda a la propuesta de plan de gasto para el 2023, pues asegura que afectará gravemente los servicios de la administración de justicia.
Una de las entidades que se verá más golpeada por este recorte es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues no contará con los recursos necesarios para sustituir los chalecos antibalas usados por los agentes que ya cumplieron con su vida útil.
Además, las autoridades judiciales prevén una afectación en la partida de gastos confidenciales y de viáticos al interior para diligencias propias del OIJ y la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.
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La Corte Plena se manifestó sobre esta situación tras enterarse de la reducción presupuestaria ordenada por las autoridades hacendarias, señalando que esto se dio sin la debida coordinación o consulta.
“Las propuestas judiciales de presupuesto para el 2023 se apegaron a las normas de contención de gasto establecidas por el Ministerio de Hacienda y se cumple con el límite fiscal establecido. Con lo cual se ponen en riesgo varias partidas”. informó Corte.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial, encargada de analizar las afectaciones que sufrirán, señaló que se espera un impacto negativo en aspectos como la alimentación de personas privadas de libertad, el pago de pólizas, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles.
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“También se afecta el pago de pólizas de riesgos del trabajo de todo el personal judicial, recursos formulados para el resguardo de la vida de personas servidoras que exponen su vida en ejercicio del cargo dadas las funciones que realizan especialmente en el ámbito policial”, citaron.
Otra de las preocupaciones está relacionada con la implementación de la Ley Especializada de Crimen Organizado, la cual por falta de recursos no ha sido implementada del todo, situación que se prolongaría debido al recorte de presupuesto.
“Una obligación que debe cumplir el Poder Judicial es el pago del fideicomiso para la construcción de edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas, un proyecto en marcha que no es posible paralizar ya tiene más de un 50% de avance en obra constructiva, además de que existe un criterio de la Comisión Nacional de Emergencias que indica que la ubicación del actual edificio no cumple con los estándares de seguridad requeridos ya que riesgo es latente por la zona donde se emplaza”, detalló la Corte.
