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Un psiquiatra apellidado Mora Ávila, quien trabaja en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, habría “vendido” incapacidades a 22 funcionarios públicos que llegaron a pagar sumas de hasta ¢450 mil con el fin de obtener esas licencias médicas, las cuales, claramente, fueron dadas de forma irregular.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, en esa fechorías el psiquiatra habría contado con la ayuda de otros dos funcionarios de ese centro médico: un emergenciólogo, de apellidos Solís Blanco, y un asistente administrativo, de apellido Ibrahain, quien era recepcionista en el Departamento de Psiquiatría.
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A raíz de estos supuestos hechos es que las autoridades realizaron una serie de allanamientos la mañana de este miércoles para recopilar información y documentos.
Los puntos allanados fueron las casas de dos de los tres funcionarios, ubicadas en San Miguel de Barranca y El Roble en Puntarenas, el consultorio privado del médico psiquiatra en el Roble de Puntarenas, y sus lugares de trabajo en dicho hospital, así como el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Las autoridades indicaron que Mora es investigado por el delito de concusión, pues, en apariencia, habría cobrado dinero por extender incapacidades a al menos 18 funcionarios del Ministerio de Educación Pública, una funcionaria del Poder Judicial, uno del Ministerio de Justicia y Paz, otro del Ministerio de Seguridad Pública y uno más del Patronato Nacional de la Infancia.
“El emergenciólogo de apellidos Solís Blanco, presuntamente, habría pedido dádivas para referir a usuarios del servicio público de salud a la especialidad de psiquiatría. Mientras que el tercer sospechoso, apellidado Ibrahain, quien otorgaba citas a través de la plataforma EDUS, es investigado porque al parecer, se encargaba de dar las citas de los casos referidos en tiempo récord, para que fueran atendidas por Mora”, detalló el Ministerio Público.
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Según la Fiscalía, dentro de los casos que se investigan está el de una persona que pagó ¢150 mil por cada uno de los cuatro meses que estuvo incapacitada. Además, investigan a más de 20 personas que registran incapacidades sospechosas, pues algunas de estas cambiaron su dirección física en el EDUS, con el aparente fin de ser atendidas por Mora en Puntarenas, y lograr que este les incapacitara.
El Ministerio Público informó que en estas diligencias únicamente será detenido Mora y se analizará toda la prueba que esté disponible en los inmuebles.
