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Un nuevo actor se suma al caso Diamante, se trata de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), la cual representará al Estado en su condición de víctima por los supuestos actos de corrupción en la función pública que son investigados.
Así lo dio a conocer dicha entidad la mañana de este viernes 19 de noviembre por medio de un comunicado de prensa.
“El apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP tener conocimiento de la investigación, aportar prueba, y ejercer la querella y la acción civil por daño social para cobrar los daños y perjuicios en caso de que se configure un delito contra los deberes de la función pública”
En pocas palabras, la Procuraduría de la Ética Pública participará de forma activa en el desarrollo del caso Diamante y si en ese proceso encuentran actos de corrupción que hayan afectado al Estado podrá solicitar que los culpables sean condenados a pagar una indemnización económica.
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Por el caso Diamante el Ministerio Público y el OIJ investigan a trece sospechosos, entre los que destacan los alcaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Alberto Cole (Osa), Alfredo Córdoba (San Carlos), Arnoldo Barahona (Escazú) y Humberto Soto (Alajuela).
A estos se suman un hombre apellidado Gutiérrez Vargas, gerente de la planta de asfalto de Meco; un empresario de apellidos Cruz Porras, de la compañía Explotec; un funcionario de la muni de Escazú apellidado Boraschi González; un empleado del municipio de Alajuela de apellidos Chacón Ugalde; un trabajador de la municipalidad de San José apellidado Castro Camacho y dos funcionarios de la municipalidad de Golfito de apellidos Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga.
Este viernes a las 4 de la tarde se darán a conocer las medidas cautelares para los investigados, el Ministerio Público pidió prisión preventiva solo contra el funcionario de Meco, mientras que para los alcaldes y demás funcionarios pidieron suspensión del cargo durante 8 meses, así como otras medidas como impedimento de salida del país.
