El presidente de la República, Carlos Alvarado, pidió al Ministerio de Seguridad y a la Policía Judicial hacer lo necesario para esclarecer lo antes posible el crimen del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, quien fue asesinado a balazos dentro de su casa.

El ataque se dio el lunes en la noche en la comunidad Yeri, que es un territorio Bribrí en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas y desató una serie de reacciones por parte de vecinos, quienes lamentan la muerte del hombre y dicen ahora sentirse indefensos.

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La Defensoría de los Habitantes se pronunció sobre el homicidio y pidió tomar cartas en el asunto para que den lo antes posible con los responsables del crimen.

La Cruz Roja informó que el incidente lo reportaron a las 9:19 p. m. y que cuando los paramédicos llegaron vieron que la víctima tenía varios balazos y ya había fallecido.

La organización Ditsö Costa Rica informó en su página de Facebook que varios vecinos dijeron haber escuchado 15 detonaciones, sin embargo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha confirmado cuántos balazos recibió.

Desde hace años, Salitre es objeto de una disputa por la propiedad de las tierras. Se trata de un área de difícil acceso y de 11.700 hectáreas que se pelean grupos indígenas y finqueros no indígenas que aseguran tener derechos sobre parte de ellas.

Estos pleitos se han ido a instancias judiciales ya que los bribris aseguran que los finqueros se han adueñado ilegalmente de sus terrenos. Muchas de estas tierras ya han sido compradas por terceros que no tienen vela en el entierro y que se niegan a perder las propiedades por las que pagaron.

Algunos fallos judiciales han dado la razón a los indígenas y les ha devuelto terrenos, mientras que otros de los procesos están aún pendientes de resolver.

Rojas fue por mas de 12 años presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI). En octubre del 2015, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) dijo que el nombramiento que se le hizo de presidente había sido irregular y por tanto quedó fuera de la organización.

Rojas estuvo preso en el 2014, pues el Ministerio Público lo tenía como sospechoso en una investigación por el delito de administración fraudulenta.

Mano dura

El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo este martes en una conferencia de prensa que siente mucho la muerte de Rojas.

“Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el pueblo bribri. Hacemos un llamado vehemente llamado a la paz y al diálogo para resolver los conflictos. Pondremos todo nuestro recurso y esfuerzo para respaldar las acciones que den con los responsables de este hecho y para que se haga justicia; es un día trágico, no solo para los pueblos indígenas, sino para toda Costa Rica.

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“Como acciones inmediatas he pedido al Ministerio de Seguridad dar el apoyo necesario al OIJ y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible”, detalló.

Alvarado dijo además que pidió que se refuerce la seguridad en la zona y que se le de protección a los familiares de la víctima.

“Tras la alerta recibida por medio del novecientos once, el Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo acordado con la comunidad y el personal de Fuerza Pública se desplazó de inmediato para atender la situación.

"También e instruido y estoy en comunicación con nuestra embajadora en la OEA para brinda un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo acontecido y ponerse a disposición de dicho organismo”, añadió el mandatario.

La Fiscalía General informó que se dispuso un equipo especial para que atienda la investigación por el homicidio del líder indígena. El grupo está integrado por fiscales especializados en el abordaje de homicidios, de asuntos indígenas, así como los encargados de la fiscalía territorial de Buenos Aires.

“Durante el tiempo que sea necesario personal de la Fiscalía y el OIJ se mantendrá realizando diligencias para obtener la prueba útil y pertinente.

“Sergio Rojas era beneficiario de una medida cautelar internacional interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas a nuestro país en el dos mil quince, desde ese momento el Ministerio Público ha implementado acciones para el cumplimiento de dicha medida desde el ámbito de nuestras funciones”, dijo Emilia Navas, fiscala general.

Culpan al Gobierno

Antonio Ortega, secretario general del Partido Frente Amplio, se enteró del hecho unas tres horas después de ocurrido y puso un comentario en su página de Facebook en el que culpa al gobierno de la muerte del líder, argumentando que no le dieron seguridad a Sergio pese a saber que tenía amenazas de muerte.

"Habrá que esperar las investigaciones, pero pareciera tratarse de un asesinato político. En esa zona la tensión es grande y el Gobierno da muy poca defensa a esos territorios indígenas.

“Don Sergio era una persona de mucha entereza, siempre luchó por su pueblo, tenía una gran entrega, tanta que le costó la vida. La muerte de él debe darnos vergüenza y hacernos reflexionar”, dijo Ortega a La Teja.

De igual manera la Defensoría destacó la labor de Rojas, quien peleó por defender las tierras de su pueblo hasta el último día de su vida.

“El viernes pasado la Defensoría de los Habitantes atendió una solicitud del dirigente para que la policía acudiera a una finca que las personas indígenas habían recuperado porque quienes intervinieron los terrenos utilizaron detonaciones como una medida para amedrentarlos. La policía llegó al lugar y le manifestó a las personas indígenas que procedieran a poner la respectiva denuncia ante el OIJ”, detalla el documento.

La Fiscalía confirmó este lunes que Rojas acompañó a dos lugareños a poner dicha denuncia por lo que no se descarta que eso haya haya motivado el homicidio.