La Fundación Arias para la Paz y dio a conocer un informe en el cual dice que hay policías ticos y militares nicaragüenses metidos en el tráfico de personas en las fronteras.

“Se han detectado situaciones de corrupción tanto de cuerpos policiales costarricenses como de las fuerzas armadas de Nicaragua, que están involucrados con estas organizaciones (de tráfico de migrantes)”, sostiene el documento.

Añade que a cambio de plata dan información para facilitar el paso e informan si hay retenes u operativos.

La investigación que dio pie al informe fue hecha entre febrero y agosto de este año.

“Los traficantes de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica. Una de las estrategias es compartir información.

“Los militares y policías de ambos países ya conocen las placas de los carros (de los traficantes) y no los paran, y los coyotes ya conocen los horarios en que estos funcionarios se encuentran en su puesto, para pasar en ese momento”, detalla el informe.

En contacto

Un migrante les dio a los investigadores detalles de cómo operan los grupos.

“Al llegar a Peñas Blancas (puesto en La Cruz, Guanacaste), la persona hace el viaje se encarga de contactar a miembros del Ejército (nicaragüense) y realiza el pago para que puedan pasar al otro lado de la frontera”.

Otra persona afirmó: “Muchos que traficaban drogas se dedican al tráfico de personas, porque tiene una rentabilidad similar al tráfico de drogas y la pena es menor. Es lamentable decirlo, pero en Costa Rica hay varios puestos policiales que están involucrados en organizaciones, nos indican que es de paso libre, donde les cobran cierta cantidad de dinero para dejarlos pasar”.

Muy organizados

Según el informe, el tráfico de personas lo manejan “estructuras criminales organizadas” que funcionan en redes en las que hay coyotes (quienes cobran por trasladar migrantes ilegalmente), policías, militares, taxistas, personas dedicadas al transporte y gente de comunidades.

Para pasar a las personas les cobran diferentes sumas, explicó la Fundación Arias.

Los precios andan por los $100 (unos ¢61.000) y $350 (alrededor de ¢180.000). Pero según información recogida en casos de emergencia, algunos migrantes pagaron más de $1.000 (más de ¢600.000).

Los traficantes de personas hacen de las necesidades ajenas su negocio.