Desestimar dos causas en contra de su gran amigo Celso Gamboa podría salirle bien caro al exfiscal General de la República, Jorge Chavarría, ya que no solo se expone a una condena penal sino que también tendría que soltar hasta ¢5 millones.

Este lunes comenzó el juicio contra Chavarría en el cual el Ministerio Público lo acusa de dos delitos de presunto incumplimiento de deberes por hechos ocurridos en agosto y octubre del 2014, cuando Gamboa era ministro de Seguridad Pública.

Durante el debate, que tiene lugar en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública de los Tribunales de Goicoechea, Miguel Cortés, representante de la Procuraduría de la Ética, aseguró que las decisiones tomadas por el exfiscal le habrían causado un daño al Estado.

“La representación del Estado y la Procuraduría establecieron una acción civil resarcitoria por daño social que se estimó en la suma de cinco millones de colones. El tema tiene que ver con la inhibitoria que debió haber realizado don Jorge de conocer esos asuntos, porque lo que se cuestiona es que él tenía una relación de amistad con don Celso”, detalló Cortés.

Según el funcionario, Chavarría tenía el deber, como funcionario público, de no participar en la resolución de esas dos causas, por lo que lo correcto es que hubiera dejado las resoluciones en manos de otro representante del Ministerio Público.

El juicio tuvo que ser suspendido a eso de las 10:30 a. m. pues uno de los testigos de la defensa se encuentra fuera del país, por lo que los jueces decidieron que el debate se reanude el jueves 17 de junio para contar con la declaración de ese testigo.

Causas desestimadas

El primer caso desestimado por el exfiscal Chavarría ocurrió en agosto del 2014 a raíz de un desalojo realizado por la Fuerza Pública a unas fincas en Heredia, pese a que existía un proceso penal por la disputa de la propiedad.

Por ese caso don Jorge, quien ese momento era Fiscal General, manifestó que no había elementos necesarios para asegurar que Gamboa actuó con la intención de causar un daño.

El segundo hecho ocurrió en octubre de ese mismo año luego de que un hombre interpusiera un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública porque después de seis meses no le habían entregado información de su expediente personal.

Los magistrados ordenaron a la persona a cargo del ministerio, quien ese momento era Mario Zamora, que le diera esa información a quien la solicitaba, sin embargo, la orden luego recayó en Celso Gamboa, como ministro de Seguridad quien llegó a reemplazar a Zamora.

Nuevamente Chavarría pidió desestimar la causa contra Gamboa, asegurando que Gamboa no fue notificado de forma personal, ya que la orden fue dirigida al despacho del ministro.