EscucharEl Patronato Nacional de la Infancia (PANI), asegura que cumplió con las recomendaciones dadas por la Defensoría de los Habitantes luego de que indicaron que sí hubo fallas en el caso de Keibril Amira García Amador, la bebé desaparecida en Cervantes de Cartago.
Las fallas no solo fueron del PANI, sino también del Ministerio Público.
“El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cumplió con las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes del informe sobre la actuación de la institucionalidad pública en el caso de sustracción de la bebé en Cartago e informó a este órgano defensor, el 30 de junio y el 13 de julio 2023, sobre cada una de las acciones implementadas”, detallaron en un comunicado de prensa.
El Patronato agregó que desde el 30 de mayo tienen un nuevo Modelo de Gestión y Procesos Atencionales.
“En este se integran parámetros fundamentales para la oportuna y diligente actuación de las oficinas locales (OL) y departamentos regionales de atención inmediata (DARI) e incluye la clasificación de las situaciones prioritarias ajustándose los plazos de respuesta”, indicó el PANI.
En casos en que los menores, se presuma, fueron víctimas de delitos sexuales, están trabajando en proyectos en las comunidades dando prioridad a este tipo de situaciones.
Además, la propuesta de un proyecto de ley para integrar el subsistema como una estructura funcional en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la cual será presentada ante el Consejo de Niñez y Adolescencia para su aprobación.
“Priorización de la prevención del abuso sexual en los 182 proyectos de promoción y prevención previstas para este año 2023 desarrollados por las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia y los Consejos Participativos (organizaciones de adolescentes). En especial, el fortalecimiento de los talleres socioeducativos para niños y niñas y sus familias como “Juntos hacemos la diferencia NO al abuso sexual infantil”, detallaron.
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Otro punto importante es la reactivación del PANI en coordinación con el Poder Judicial para priorizar procesos judiciales de personas menores, estableciendo plazos. Mientras que con el Ministerio Público plantean una ruta para favorecer los procesos entre ambas instituciones.
“Con la Caja Costarricense del Seguro Social se está generando un protocolo de egresos hospitalarios de menores de edad para favorecer la atención oportuna, prioritaria y efectiva de la ubicación de los menores de edad que están en posible situación de riesgo”, destacaron.
En una circular se establece la obligación de denunciar penalmente, todas aquellas situaciones relacionadas con temas sexuales y de violación de derechos.
