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El Instituto Nacional de Vivienda (INVU) tendrá un plazo de seis meses para realizar el desalojo y la destrucción de un precario que fue construido en uno de sus terrenos en León XIII, Tibás, pues este estaría generando importantes daños ambientales en esa zona.
Así lo informó el Ministerio Público, el cual indicó que la orden fue girada este miércoles 24 de enero por el Juzgado Penal de San José, a solicitud de la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental. La orden del juzgado es una medida cautelar que busca la restitución ambiental al daño causado.
“La resolución se fundamentó en la Ley de Biodiversidad, la cual señala que el Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace ecosistemas. De igual manera, menciona el deber de prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad”, indicó la Fiscalía.
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Según el Ministerio Público, el precario está conformado por 63 unidades habitacionales, que van desde ranchos y casas, hasta incluso viviendas de tres niveles, las cuales fueron construidas sin ninguna autorización en un terreno de 100 metros cuadrados que le pertenece al Invu.
“De acuerdo con el despacho, esas propiedades se encuentran invadiendo áreas de protección, específicamente, tres cuerpos de agua, reconocidos como río Virilla, la quebrada Rivera y otra más que no posee nombre. Estos se encuentran dentro de una finca perteneciente al INVU”, detalló la Fiscalía.
En este caso, que se lleva en la causa 20-000066-0611-PE, se investigan a 62 personas, por aparentemente infringir la Ley Forestal y la Ley de Aguas, las cuales obligan a propietarios de terrenos en los que cruzan cuerpos de agua a conservarlos y protegerlos.
