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El diputado socialcristiano Óscar Cascante recibió en la Asamblea Legislativa, en al menos ocho ocasiones, a Robert Soto Rivera, sospechoso de integrar una banda narco y lavadora de dinero. La última visita ocurrió el día antes de la detención de Soto por el OIJ, el 25 de mayo.
El legislador hizo numerosas gestiones en favor de los negocios promovidos por Soto y otros sospechosos como Luis Guillermo Cartín Herrera y su hijo Alejandro Cartín Ramírez.
Una reciente nformación de La Nación revela la concesión de un contrato para remodelar la escuela de Riojalandia, en Barranca de Puntarenas, cuando Cascante era su director. La adjudicación fue en abril del 2018, un mes antes de la juramentación del legislador. La contratación por ¢240 millones se hizo mediante invitación girada a cuatro empresas, sin publicitar el concurso.
Hilda Angulo Velásquez, entonces presidenta de la Junta de Educación, afirma que la invitación a la empresa representada por Soto Rivera fue enviada a petición del diputado.
Según el OIJ, la organización con que vincula a Soto, actualmente en prisión preventiva, trasegaba drogas entre Colombia y Europa.
Pese a las intervenciones del legislador en favor de los negocios de los sospechosos y más de 30 visitas de los investigados a la Asamblea Legislativa, la comisión que investiga la penetración del narco decidió retirar las convocatorias giradas a Soto y a Alejandro Cartín Ramírez para rendir testimonio.
La razón alegada fue para ordenar la investigación. La contratación en Riojalandia y sus extrañas circunstancias deberían pellizcar a los legisladores, si hubiera interés.
