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“Hoy es un día triste para la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico”, afirmó Luis Ramón Carranza, diputado del PAC.
Su pesar obedece a la decisión, con seis votos a favor y solo el suyo en contra, de cerrar la investigación sobre la penetración del narco en las municipalidades de la zona sur, sin realizar nuevas entrevistas a personas que puedan aportar.
Un tema tan sensible les quedó grande y les importó un pepino a la legisladora de Restauración Nacional, Floria Segreda; Karine Niño, del PLN, y el independiente Erick Rodríguez.
Segreda incluso pidió anular las audiencias previstas para los sospechosos de integrar una presunta banda dedicada al narco y al lavado de dinero, los cuales se habrían reunido con varios congresistas, en especial con el socialcristiano Óscar Cascante, quien hizo gestiones a favor de ellos ante diversas instituciones públicas.
El grupito legislativo pasa por alto que estamos inundados de traficantes de coca, de lavadores de dinero y de delincuentes que se frotan las manos por penetrar diversas instituciones, como ya ocurrió en la misma Asamblea Legislativa cuando un diputado de la administración 1982 y 1986 estuvo ligado al narco e incluso fue condenado.
“Lamentablemente, fue notable que el resto de compañeros y compañeras de comisión nunca tuvieron real interés de investigar y de ofrecer soluciones para blindar a nuestras instituciones de esta amenaza tan grave; con esta actitud se hizo imposible un abordaje profundo (...)”, dijo Carranza.
La audiencia del jefe del OIJ, Wálter Espinoza, nunca se dio, solamente hubo doce sesiones llenas de choques entre diputados. La penetración narco sigue con vía libre.
