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No nos hagamos los tarugos. Ya el país experimentó la infiltración del narco en la Asamblea Legislativa hace unos 21 años, pero la amenaza ha seguido latente y hoy con más recursos.
Dos detenidos y un investigado en el caso del poderoso grupo narco desmantelado el martes pasado registran más de 30 visitas a 13 diputados, seis actuales y siete del periodo anterior (2014-2018).
Solo Óscar Cascante tuvo más de diez reuniones con los tres sospechosos quienes sumaron 13 visitas a la oficina del socialcristiano. El primer encuentro fue en mayo del 2018, dos días después de que el diputado llegara a su curul. Cascante explica que las visitas han sido para pedirle apoyo para un proyecto de casas de interés social en Puntarenas.
La visita más reciente fue el lunes pasado, un día antes del operativo en que OIJ detuvo a los sospechosos y a otros socios. Y ese lunes Cascante pidió un campito en la comisión investigadora de la infiltración del narco en las municipalidades de la zona sur. Recordemos que otro golpe al narco se dio en Corredores a inicios de abril.
Del primer poder de la República pasamos al Poder Judicial al que pertenece el OIJ. Uno de sus investigadores es sospechoso de ser miembro de la banda capturada el martes y de intentar corromper a un compañero ofreciéndole de ¢700.000 a ¢2 millones para que le pasara información. Con este grupo están ligados cuatro oijotos (dos detenidos, un exagente y otro que estaba en investigación).
Con el caso narco de Corredores dos oijotos son sospechosos, al igual que un regidor. El alcalde Carlos Viales, papá del diputado Gustavo Viales (pertenecía a la comisión narco), fue denunciado por el presunto uso de maquinaria municipal para construir un puente en una finca del supuesto líder narco detenido en abril y con empresas en el cantón del sur.
Hace 21 años se destapó el primer escándalo narco-político.
