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Una chiqutia de ocho años, con una petición escrita de su puño y letra en una hoja de cuaderno, la cual califico más como una súplica, recurrió a la Sala Cuarta, para exigir su derecho a la justicia pronta y cumplida.
El caso es una dramática demostración del soberano atraso en la administración de justicia y sus perjudiciales efectos sobre las víctimas. Cuando tenía cinco años, la niña sufrió abuso sexual por parte de un pastor, casado con su abuela paterna, según la denuncia planteada en el 2016.
El caso habría llegado a juicio en febrero de este año, pero la huelga del 2018 lo atrasó hasta setiembre del 2020., es decir, dentro de un año. Ahora, la Sala Cuarta exigió la realización del juicio dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución del recurso de amparo.
Hay múltiples razones para establecer prioridades. La juventud de las víctimas es una de gran importancia, pero, en general, los procesos relacionados con delitos sexuales implican una revictimización, tanto más cuando son demasiado prolongados.
Los atrasos, además, hacen que Las pruebas se deterioran con el tiempo y el interés de las partes sufre desgaste, pero diría que es más grave aún la prolongación de la angustia de las víctimas.
Tres años de espera no son un plazo razonable para obtener una sentencia en casi cualquier caso, pero, tratándose de abusos sexuales contra una víctima de tan corta edad, la espera es cruel. La niña ha tenido tiempo de comprender mejor lo sucedido, relata su mamá, y también dice ser blanco de burlas del acusado.
En el recurso, se manifestó dispuesta a comparecer ante los magistrados para explicarles su “terrible” espera y se queja del cambio de fecha por “cosas que las víctimas” no deben “soportar”. La Sala estuvo de acuerdo, por lo menos cuando se trata de víctimas infantiles.
También reprocharon la falta de consideración para la vulnerabilidad de la menor, pese a la diversidad de leyes y declaraciones que “consagran el interés superior de los niños como principio general de derecho”. En consecuencia, además de exigir el adelantamiento de la fecha, dieron seis meses a la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial para crear indicadores de la prioridad concedida en los juicios al interés de la niñez.
La administración de justicia debe ser pronta y cumplida, así de simple...
