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El estadio José Rafael “Fello” Meza abrió sus puertas este lunes, pero no para recibir a los aficionados brumosos, sino para darle paso a un grupo de agentes del OIJ que llegaron a investigar un supuesto chanchullo relacionado con un fideicomiso.
El Ministerio Público indicó que este allanamiento se debe a un caso por el presunto delito de administración fraudulenta, en el que fueron denunciadas ocho personas. En apariencia, varios de los investigados formaron parte de la dirigencia que manejó al equipo entre el 2016 y el 2018.
Además de allanar las oficinas administrativas del estadio, los agentes judiciales también cayeron en la oficina de un notario ubicada en Escazú, quien también sería sospechoso de estar embarrado en la bronca.
Sin entrar en mayores detalles, la Fiscalía explicó que están investigando las decisiones que fueron tomadas en una asamblea de socios realizada en diciembre del 2017 en Curridabat, en la cual se habría acordado un fideicomiso para generar un plan de inversión y cancelar una hipoteca del equipo.
“Debido a que se trata de un caso que se encuentra en investigación, esta Fiscalía no dará ningún otro detalle, pues cualquier otro dato podría poner en riesgo el desarrollo de la investigación”, indicó el Ministerio Público.
En los dos allanamientos se decomisaron actas oficiales, dos computadoras y prueba documental.
Por medio de un comunicado, la actual dirigencia del Club Sport Cartaginés indicó que esta investigación no afectará al equipo y que más bien están a las órdenes de las autoridades.
“La situación no tiene relación con la actual administración del equipo y tampoco afectará de ninguna manera el accionar operativo, por lo que continuamos trabajando con normalidad”, explicaron.
