Mélida Solís y Carlos Cerdas pueden salir del país pero deberán informar cuándo salen

Los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas, junto con los demás implicados en el caso Cochinilla, podrán salir del país cuando quieran, pero deberán informar al Ministerio Público las fechas en las que no estarán en el país.

Esto luego de que el Juzgado Penal de Hacienda les levantara el impedimento de salida del país.

Francisco Campos, defensor de Mélida Solís, explicó que le mantienen las mismas medidas impuestas desde que el caso salió a relucir.

“A ellos se les mantiene por todo el plazo de la investigación (etapa inicial del proceso que es la que está a cargo el Ministerio Público) no comunicarse con los testigos, mantienen las fianzas que cada uno había otorgado y mantener domicilio fijo, y se les impuso a todos los imputados que tenían impedimento de salida del país la obligación de informar cada vez que vayan a salir, cuál será la fecha de salida y de regreso. Es una información, no es una solicitud ni un permiso”, indicó Campos.

Agregó que esto es solo para que la Fiscalía esté enterada que están fuera del país.

Además, el juez no estableció límites de cuánto tiempo pueden estar fuera.

“La Fiscalía presentó un recurso de apelación en algunos de los casos y tenemos que esperar que el Tribunal nos convoque”, manifestó el defensor.

Concluyó que cualquier imputado, durante las primeras etapas del proceso, puede ser representado por sus abogados y no estar presentes en las audiencias, sin embargo sostuvo que doña Mélida y don Carlos siempre han sido los más interesados en estar presentes.

El caso Cochinilla trascendió en junio del 2021, luego de la realización de más de 50 allanamientos. Actualmente hay 75 personas investigadas, entre ellos funcionarios públicos, por los supuestos chanchullos que se dieron en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de 78 mil millones de colones entre el 2018 y el 2020.

Los imputados, al parecer, habrían aceptado sobornos mediante licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” a cambio de favorecer a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.