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Mélida Solís, dueña de H. Solís, pagará ¢163 millones como acuerdo de conciliación para evitar un juicio penal por el aparente pago irregular de ¢1.000 millones que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hizo a su empresa por adelantos de facturas en una obra pública en el 2011.
Así lo dio a conocer Francisco Campos, abogado de la empresaria, quien dijo que el pasado jueves el Tribunal Penal de Hacienda aprobó el acuerdo al que llegaron H. Solís y la Procuraduría General de la República, en representación del Estado.
Campos detalló que su representada deberá pagar ¢75 millones correspondiente a daño social y ¢88 millones por el cálculo que se hizo del costo de oportunidad que perdió el Estado al haber girado los ¢1000 millones antes de tiempo.
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“Ese costo de oportunidad era lo que le estaban cobrando a la constructora, no le estaban cobrando ninguna dádiva, ni ningún chorizo, le estaban cobrando simplemente que el Estado giró una plata por adelantado que de no haberlo hecho así se hubiera ganado eso (¢88 miillones)”, explicó Campos.
Además, señaló que este proceso, por el cual se realizaron cinco audiencias preliminares, se extendió más de la cuenta debido a la oposición de la Contraloría General de la República, aunque el único representante del Estado en este caso era la Procuraduría General.
“La Contraloría tendría la posibilidad de presentar dentro de los próximos tres días una solicitud de aclaración y adición al tribunal, si considera que no hay algo claro en lo resuelto y a partir de ahí el expediente baja al Juzgado y nosotros tendremos 48 horas para hacer el deposito.
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“Una vez cumplido con el pago, el juez penal debe dictar el sobreseimiento definitivo de las partes que se acogieron”, explicó Campos.
El hecho que dio pie a toda esta situación ocurrió en diciembre del 2011, cuando el Conavi pagó de forma adelantada a la empresa H. Solís para obras de mantenimiento y conservación vial en la carretera Bernardo Soto y el tramo del Aeropuerto Juan Santa María al cruce de Manolos.
En el 2013 el Ministerio Público abrió una causa señalando que dicho trámite, al parecer, fue ilegal debido a que no se podía hacer un adelanto de ese tipo debido a que las obras aún no habían iniciado.
“Lo que se cuestionó es que la empresa debía comprar con recursos propios ese cemento o irlo comprando conforme se iba usando y no comprarlo por anticipado, que así se hizo, e incluso se aportó una póliza de garantía por el 100% de la plata que se giró”, dijo Campos.
