EscucharEl Estado costarricense obtuvo $6.635.267,90 (más de tres mil quinientos noventa y dos millones de colones), que ingresaron de manera ilícita al país.
Así lo informó la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, que logró que se condenara a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de esa millonada por carecer de causa lícita.
“Este proceso fue presentado en contra de dicha sociedad, la cual estaba representada por una persona extranjera, de apellido Saylan. La sentencia fue emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el 28 de abril del 2023″, señalaron en el Ministerio Público, pero hasta este lunes 26 de junio trascendió.
Millonada llegó desde Perú
Este caso se remonta a hace diez años, en el 2013, cuando el Ministerio Público inició una investigación penal, por el aparente delito de lavado de dinero en contra del expresidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique; su suegra de apellido Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, de apellido Dan On. A este caso se le conoce como “Ecoteva”.
“De acuerdo con la investigación, empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en la tramitología para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente $20.000.000, dinero que había sido otorgado a Toledo y a sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecth, esto dentro del marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos.
“Sobre la investigación penal, la Fiscalía informó que el proceso en contra de Toledo, Fernenbug y Dan On se mantiene abierto y, a su vez, también son procesados en Perú”, señalaron en el Ministerio Público.
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De acuerdo con la Fiscalía, la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N° 8754) incluye la figura de capitales emergentes, la cual pretende perseguir aquellos bienes y valores sobre los cuales se tienen sospechas razonables de que provienen o fueron adquiridos por actividades delictivas o ilícitas.
El requisito para su aplicación es que los bienes o valores tengan la apariencia de carecer de causa lícita.
“Lo anterior significa que el procedimiento de capitales emergentes no tiene como objetivo juzgar a personas ni lograr condenas penales, sino impactar en los patrimonios que tienen la apariencia de haber sido obtenidos ilegalmente y cuyo titular no puede justificar su procedencia lícita”, explicaron en el Ministerio Público.
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Las autoridades plantean la demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo, junto con las pruebas que la fundamentan, al tiempo los demandados o dueños del bien pueden justificar el origen de este bien, sino logran demostrar con pruebas de donde obtuvieron el bien, el Juzgado declarará la pérdida de este en favor del Estado.
Luego, estos bienes o valores son entregados al Instituto contra las Drogas (ICD) que los administra y distribuye a diferentes instituciones, según la ley.
Según registros de la La Fiscalía, durante el 2022, se presentaron 45 demandas de este tipo, mientras que en lo que va del 2023, la cifra de demandas iniciadas alcanza las 31.
