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Uno de los hombres de confianza de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, pasará seis meses tras las rejas, mientras la investigación en su contra avanza.
Se trata de un hombre de apellidos Blanco Ramírez, quien supuestamente era el segundo al mando en la banda del Diablo.
La captura se dio el domingo en Siquirres, en una intervención de la Fuerza Pública, la Unidad de Intervención Especial del Ministerio de la Presidencia (UEI) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Fiscalía Adjunta de Pococí informó este martes que consiguió que se ordenara seis meses de prisión preventiva como sospechoso de cometer el delito de tráfico de drogas. La medida cautelar fue dictada la noche del lunes.
“En contra de esta persona existía una orden de captura, ya que permanecía en fuga y, al parecer, sería líder de una organización criminal vinculada a una persona conocida con el alias Diablo”, informaron.
Los oficiales le decomisaron dos pistolas, una AR-15 y 2 granadas de fragmentación.
El hombre tiene una causa por la que pronto podría ir a juicio.
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Este es el tercer hombre del Diablo detenido por las autoridades. El pasado 2 de agosto, en Heredia, capturaron al “Negro Perci”, un hombre de apellidos Scarlett Araya, de 28 años. A él lo vinculan como uno de los sospechosos de participar en el homicidio de Andrey Solano Serrano, de 22 años, quien murió al ser atacado a balazos el 30 de diciembre del 2022 en la urbanización Toro Amarillo, en Guápiles.
Mientras que el pasado 8 de julio fue detenido, en Turrialba, el “Ángel de la Muerte”, un sujeto de apellidos Torres Flores, de 25 años, por ser uno de los sospechosos de matar a una mamá estudiante del Cindea de Tortuguero, llamada Miurrell Jazmín Torrez Rankin, de 42 años. El crimen ocurrió el 20 de junio pasado frente a la maestra, compañeros y un hijo de Torres.
Diablo es buscado por el OIJ desde marzo del 2019, al ser sospechoso de participar en un intento de homicidio y darse a la fuga. Además, por ofrecer plata a cambio de la vida de oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ.
Aparentemente, mandó audios en los que ofrecía 2,5 millones de colones por cada policía del Ministerio de Seguridad Pública asesinado y más de 5 millones de colones por cada agente judicial que mataran.
