Escuchar
Los magistrados de la Corte Plena "castigaron" a la exfiscala subrogante Berenice Smith con dos meses sin salario y una suspensión por ese mismo tiempo.
La decisión fue tomada luego de una extensa jornada que se inició el lunes a las 10 de la mañana y se extendió hasta casi las 9 de la noche.
La investigación tiene que ver con una decisión que tomaron los magistrados de la Sala Tercera el 20 de febrero del 2017 en la que acogieron una solicitud de Berenice Smith de desestimar un proceso penal contra los entnces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por el delito de tráfico de influencias el caso del cementazo.
LEA MÁS: Incapacidad atrasa proceso contra exfiscala por tráfico de influencias
El informe también analiza eventuales faltas de los magistrados de la Sala Tercera al tomar la decisión; pero la decisión de si ellos también serán sancionados o no se tomará en la siguiente sesión de la Corte Plena.
Entre los magistrados investigados está Carlos Chinchilla, presidente actual de la Corte.
Este lunes solo analizaron la situación de Smith, quien ahora se desempeña como fiscala adjunta de Cartago.
Intenso proceso
La Corte analiza un informe presentado por el magistrado Román Solís.
El informe, de carácter disciplinario, se relaciona con una decisión tomada el 20 de febrero del 2017 por los altos jueces Carlos Chinchilla Sandí, Doris Arias Madrigal, Celso Gamboa Sánchez (ya destituido), María Elena Gómez Cortés y Jesús Ramírez Quirós.
El proceso penal que se desestimó contra los ahora exdiputados investigaba un supuesto tráfico de influencias por parte de ellos. Ese delito se castiga con una pena de dos a cinco años de cárcel.
La denuncia original indicaba que, supuestamente, Guevara, (del Partido Movimiento Libertario) y Morales (del Partido Acción Ciudadana y luego independiente), se habían aliado para que el gobierno de Luis Guillermo Solís reformara el Reglamento Técnico de Cemento, que limitaba la importación de cemento extranjero y así favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, para traer material desde China.
Para eso Bolaños, quien actualmente descuenta prisión preventiva, habría pedido ayuda a sus amigos para lograr obtener un préstamo de $30 millones en el Banco de Costa Rica (BCR), crédito que, presuntamente, se dio bajo irregularidades.
El informe de la causa lo presentó la entonces fiscala subrogante, Berenice Smith, pues para ese momento el fiscal general Jorge Chavarría estaba de vacaciones. Smith indicó que no se había hallado prueba contra los entonces legisladores y, por tal motivo, pidió la desestimación de la causa.
Los magistrados de la Sala Tercera acogieron, por unanimidad, la solicitud de Smith.
En octubre pasado, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, pidió al Tribunal de la Inspección Judicial determinar si la Fiscalía los indujo a error a él y a los demás magistrados penales que tomaron la decisión.
LEA MÁS: Diputados les dan duro a personajes vinculados con el cementazo
Acusaciones pendientes
Pese a que la Fiscalía le ha puesto duro a la investigación del cementazo, aún no hay acusados por el caso.
Además de Bolaños, en noviembre de 2017 el Ministerio Público detuvo a Mario Barrenechea, exgerente general del BCR, y a cinco funcionarios más de la alta gerencia de la institución bancaria.
Bolaños, Barrenechea y dos de los funcionarios siguen presos, mientras que los otros tres descuentan otras medidas cautelares, pero siguen siendo investigados.
El caso del cemento chino causó también la destitución del exmagistrado Celso Gamboa, quien también habría ayudado a allanar el terreno para que los planes de Bolaños se dieran.
