Los educadores tienen la responsabilidad de acudir a las autoridades en el instante en que se dan cuenta que algún alumno es víctima o victimario de un delito, aseguró la fiscala adjunta Rocío de La O Díaz.

Incluso, esa obligación está por encima de cualquier normativa establecida por el Ministerio de Educación, pues se trata de dar atención inmediata del menor de edad por estar frente a un supuesto delito.

Así lo explicó la fiscala este lunes en el programa Frecuencia MP del Ministerio Público, que se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana en radio Columbia 98.7 y en el Facebook del Ministerio Público.

El tema se tocó debido al regreso de todos los niños a las aulas tras muchos meses en la virtualidad por la pandemia.

“La violencia se manifiesta de distintas formas. De manera física: golpes y enfrentamientos. De forma verbal: ofensas, amenazas, intimidación y amenazas escritas porque algunos ya saben escribir. También con formas de discriminación.

“No podemos obviar que en esta época están en boga las redes sociales, entonces también en línea se dan distintas formas de violencia, ciberbullying. También podrían estar en riesgo por conductas sexuales, ser víctimas o victimarios. Otras formas de violencia son la sustracción de bienes ajenos, daños a sus pertenencias o daños a la infraestructura de los centros educativos”, enumeró De La O.

La experta aseguró que casi todas esas formas de violencia se pueden convertir en un delito o en una contravención, por ejemplo, donde hay golpes o uso de arma se puede estar ante un delito de agresión con arma o amenazas.

“Si la persona es menor de edad, la Fiscalía Penal Juvenil tramita todas esas contravenciones, pero si la incapacidad supera los cinco días, ya se puede constituir un delito”, mencionó.

Así deben actuar

La fiscala fue clara en cómo debe ser la reacción de un educador en el momento en que se percata de que se está dando una situación de violencia.

“En primer orden recordar al personal docente que ya el Ministerio de Educación Pública tiene protocolos y el primer paso es activarlos, si la conducta constituye algún delito, por golpes o amenazas, se debe interponer denuncia ante el Ministerio Público de inmediato. Si fueron cometidas por menores entre 12 y 17 años, eso se debe denunciar en la Fiscalía Penal Juvenil, si el agresor es un adulto, el educador debe denunciar ante cualquier Fiscalía o el OIJ. Se hace inmediato, no una semana ni 15 días después, además, deben procurar darle ese apoyo sicológico que requiere la persona menor de edad”, dijo.

Si los niños son víctimas de agresión o bullying se debe acudir también al PANI o a la Caja, aseguró.

“El docente tiene responsabilidad si se entera de que un menor está siendo víctima y no lo denuncia, el artículo 281 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios deben denunciar. Que los maestros lo tengan claro, sino estaría ante un delito de incumplimiento de deberes”, añadió.

En el caso de los centro educativos, si no denuncian un delito, podrían estar ante un delito de favorecimiento personal que se castiga en el artículo 329 del Código Penal, existe la posibilidades de tener una responsabilidad disciplinaria y podrían enfrentar una responsabilidad civil por no denunciar a tiempo.

La fiscal aclaró que no hay castigos por consumir drogas ya que no es un delito, pero el suministro de estas sustancias sí y la venta también, y tienen una pena más alta si hay un menor de edad de por medio.

“Si un profesor ve que un alumno vende o suministra drogas tiene que denunciar de inmediato, pero no existe esa costumbre. Si sabe quién es, debe ir a la Fiscalía, sino al OIJ, también alertar al PANI, se debe proteger la identidad del menor de edad y proteger sus datos, pero el OIJ debe intervenir de inmediato”, dijo.

También si es en casa

En casos en que los menores están siendo agredidos en su casas y en los que a veces son los profesores los que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, la respuesta también debe ser inmediata.

“Hemos visto casos de menores con golpes, con quemaduras, desaseo, desnutrición, tristeza, que no comparten...”, dijo.

El profesor debe tomar nota de lo que el niño le está contando, escribirlo en una hoja y ser preciso anotando todo lo que el menor le cuenta, para que este testimonio se le entregue a la Fiscalía. Es importante que el menor no sea revictimizado.

“El educador no debe contar con autorización de su superior para actuar, la ley exige a cualquier funcionario que se dé cuenta de un caso de agresión o maltrato, que denuncie de inmediato, más si está en riesgo la identidad física y mental de un menor de edad”, aseguró.

Para denunciar puede hacerlo por correo electrónico, presentarse a la Fiscalía o al OIJ las 24 horas. En la página del Ministerio Público : https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/ están todos los contactos de las Fiscalías.

“Si se trata de un niño que tiene marcas o señales de que fue víctima de abuso sexual hay que alertar de inmediato a las autoridades, nunca devolverlo a la casa ni decirle a los padres si se cree que son los sospechosos”, dijo Rocío.

La fiscalía cuenta con el apoyo de distintas instituciones y fundaciones para reaccionar ante casos de agresiones y abusos a menores.

La funcionaria asegura que el bullying y ciberbullying se están dando mucho y que no es castigado por la ley. La semana pasada presentaron un proyecto llamado Ley especial contra la violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, el cual tiene como fin la creación de 20 tipos penales nuevos.