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El Juzgado Penal de Hacienda aclaró que no ha ordenado la anulación de ninguna de las pruebas del caso “Cochinilla” obtenidas por medio de intervenciones telefónicas y allanamientos.
Hizo la aclaración debido a que varios abogados de los acusados afirmaron que esas evidencias fueron obtenidas, según ellos, de forma irregular porque no estaba vigente la declaratoria de proceso especial, usada para ordenar las escuchas y allanamientos.
La defensa dijo que el artículo 2 (Declaratoria de procedimiento especial) de la Ley Contra la Delincuencia Organizada había sido eliminado en octubre del 2019 y que no podía aplicarse para el caso Cochinilla.
El Juzgado de Hacienda rechazó el recurso presentado por los abogados e informó que si bien el artículo 2 fue derogado por un error legislativo, esto no produjo efectos en el caso Cochinilla pues la declaratoria de crimen organizado se hizo antes de esa eliminación.
“La resolución dictada por este juzgado penal no ordena la anulación de ninguna prueba, ni considera que haya existido ninguna nulidad dentro de este proceso penal. Tras notificar lo resuelto, varias personas defensoras (abogados) presentaron un recurso de apelación al que se le dará el trámite correspondiente”, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Por este caso de supuesta corrupción en licitaciones de obras viales se investiga a los empresarios Carlos Cerdas, dueño de Meco, y Mélida Solís, dueña de H. Solís, quienes cumplen prisión preventiva.
Otras 26 personas, entre las que hay funcionarios del MOPT y de Conavi, también son investigadas por este caso, pero están libres con medidas cautelares como casa por cárcel, impedimento de salida del país y suspensión del cargo.
