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En los últimos 47 días el Ministerio de Justicia ha decomisado 524 celulares, y es por eso que tienen en investigación a 50 oficiales penitenciarios para determinar si ellos “colaboraron” en el ingreso de dichos aparatos, o drogas a los cárceles.
“Estamos trabajando bajo la política de ‘cero tolerancia’ y este mensaje es muy claro para todos los funcionarios”, dijo Ericka Madriz, directora de la Policía Penitenciaria.
Los 50 oficiales tienen procesos disciplinarios abiertos, incluso uno de ellos fue detenido en junio pasado cuando intentó ingresar droga al Centro de Atención Integral Ofelia Vincenzi Peñaranda, ubicado en San Rafael de Alajuela y al ver que lo iban a revisar trató de darse a la fuga.
El oficial de apellido Araya andaba droga en la faja del pantalón por lo que fue presentado al Ministerio Público, a él le dictaron tres meses de prisión preventiva.
“Actualmente, (Araya) permanece en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y está próximo a ser trasladado a un centro penal”, comentó Madriz.
Otro funcionario también se encuentra de vacaciones mientras la investigación en su contra avanza.
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Gerald Campos, ministro de Justicia, aseguró que serán cero tolerancia en casos en que los funcionarios estén en vueltos.
Según supo La Teja algunos privados de libertad pagan hasta ¢150 mil colones por guindarse de redes Wifi cerca de la cárcel, pues el bloqueo paraliza la señal celular pero no las del Wifi por lo que Justicia está solicitando una modificación a la ley.
Dentro de la cárcel algunas organizaciones buscan conseguir routers para seguir con las estafas por lo que las autoridades aseguran que las revisiones no se van a detener.
