Los cinco empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sospechosos de mentir en los trámites de adopciones quedaron libres, sin medidas cautelares.
Así lo decidieron en el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de Goicoechea, San José.
“Se confirma que se emitió una resolución oral mediante la cual se decidió rechazar la gestión fiscal dentro del expediente 22-000028-1321-PE. Esta decisión se fundamenta en que la solicitud presentada no cumple con los requisitos de probabilidad necesarios para dictar una medida cautelar de naturaleza penal”, señalaron en la oficina de prensa del Poder Judicial.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes había pedido, como medidas cautelares, que le ordenara a los sospechosos el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de contactar a testigos.
Pese a que estas medidas fueron rechazadas, los cinco sospechosos, de apellidos Chacón Alpízar, Barrantes Montero, Fernández Céspedes, Hernández Méndez y Chavarría Berrocal siguen apegados al proceso de investigación por los delitos de trata de personas (en su modalidad de adopción irregular), falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Los imputados fueron detenidos martes 13 de agosto anterior mediante seis allanamientos, cinco en oficinas del PANI, en Alajuela, Cariari, Orotina y Puerto Viejo, así como en el Hogar Montiel, en Santa Ana.
“Los hechos que se investigan ocurrieron entre el 2020 y el 2022, cuando los sospechosos laboraban para el PANI, sede Cariari. Se sospecha que estas personas manipularon información, con el presunto fin de procurar adopciones irregulares de personas menores de edad”, señala el Ministerio Público.
El caso se mantiene bajo investigación.