El alcalde de San José, Johnny Araya, le solicitó al concejo municipal que tome el acuerdo de suspender su salario (¢5,7 millones) mientras dure la suspensión que ha ordenado el Juzgado Penal debido a la investigación del caso Diamante.
Así lo informó Araya este miércoles 24 de noviembre luego de presentar la solicitud.
No obstante, Araya tomó esa decisión luego de que la Contraloría General de la República manifestara que es improcedente el pago a los alcaldes, ya que están suspendidos por una investigación penal.
“A pesar de que encuentro grandes vacíos legales sobre esta medida, en tanto estoy convencido que el principio de inocencia debe prevalecer, debe ser respetado en todo proceso judicial, así como sus consecuencias y por otro lado conozco múltiple jurisprudencia que reafirma el carácter de los gobiernos locales en el que existen dos órganos: uno colegiado que es el concejo municipal y otro unipersonal que es el alcalde y no existe una relación de subordinación entre ellos.
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“...De ninguna manera quiero exponer a los regidores municipales, que solidariamente han querido mantener mi remuneración y soy respetuoso con lo ordenado por el ente Contralor, eso sí sigo absolutamente convencido de mi inocencia y demostrarlo será la prioridad más importante que ahora tengo en mi vida”, expresó Araya.
Este caso investiga a seis alcaldes por supuestos chanchullos con la constructora Meco.
Los alcaldes Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa) han renunciado a sus salarios, en el caso de Mario Redondo, alcalde de Cartago, el Concejo Municipal aprobó una moción la noche del martes suspenderle el salario.
En el caso del alcalde Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, el Concejo rechazó suspender su salario hasta que llegue la notificación de las medidas, de igual manera con el alcalde de Alajuela, Humberto Soto.