Un voto emitido por la Sala Constitucional generó polémica en el Ministerio de Justicia y Paz, pues los magistrados ordenaron que los reos del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, mejor conocido como La Reforma, tengan acceso a equipos de cómputo.

Así lo dio a conocer este miércoles Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, quien se mostró en desacuerdo con la decisión de los magistrados, señalando que el Ministerio ha hecho grandes esfuerzos para que los privados de libertad no tengan acceso a celulares u otros dispositivos.

“La Sala Constitucional nos ha comunicado el voto 2024002479, en el cual se ordena al centro de atención penitenciario que en un plazo de tres meses demos (tener) computadoras para que los privados de libertad puedan consultar el expediente electrónico”, dijo Campos.

Sin embargo, desde la Sala Constitucional indicaron que Campos había interpretado mal el voto, pues en ningún momento se indicó que los privados de libertad deben recibir computadoras con Internet, sino equipo de cómputo para que tengan sus sentencia de forma electrónica.

El motivo

Los magistrados emitieron ese voto a raíz de un recurso de amparo que fue interpuesto en noviembre del año pasado por un reo de apellidos Quesada Sibaja, quien cumple una condena de siete años de cárcel por los delitos de robo agravado y hurto simple.

En ese recurso, el privado de libertad indicó que por su condición no tenía acceso al testimonio de sentencia en el Tribunal donde fue sentenciado.

“Afirma que ha remitido ‘cables’ al Área Jurídica de ese centro penal, donde tienen su expediente con la información que necesita para solicitar una revisión de reenvío a juicio ante la Sala Tercera de Casación Penal, pero no recibe respuesta. Considera que lo descrito quebranta sus derechos constitucionales. Solicita la intervención de esta Sala”, detalla el voto.

Tras realizar un análisis, los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de Quesada, por lo que en primer término ordenaron a la jueza coordinadora del Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela para que en un plazo de cinco días, a partir de la notificación, entregue al reo la transcripción de las sentencias orales dictadas.

“En segundo lugar, se ordena a Jenny Chacón Fernández, en condición de directora del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo necesario para que se disponga de equipos de cómputo a efecto de que los privados de libertad puedan consultar electrónicamente sus expedientes”, indica el voto.

En un comunicado de prensa enviado poco después de que Campos diera a conocer públicamente su oposición al voto, la Sala Constitucional aclaró lo siguiente sobre el por tanto: “Esto no quiere decir que el Tribunal Constitucional esté ordenando la compra masiva de estos equipos, ni la entrega individual o sin regulación a personas privadas de libertad, sino que se les proporcione los medios para que puedan consultar sus expedientes”, indica el comunicado.

Nada contento

Aunque dijo ser respetuoso de la división de poderes y de las resoluciones de la Sala, el ministro de Justicia se mostró disconforme con la decisión de los magistrados, pues le preocupa lo que pueda pasar si los reos obtienen acceso a computadoras.

“Aquí venimos luchando incansablemente sobre las posibilidades de acceso a la red por parte de los privados de libertad y la gran cantidad de denuncias por estafas y eso ha motivado los operativos que han sido constantes, y que ahora simplemente sin una visualización, sin toda una estructuración se nos ordene en un plazo de tres meses implementar algo que por recursos e infraestructura no es posible y también por seguridad nacional tampoco es posible, porque vamos a posibilitar acceso a los dominios de la web a privados de libertad”, destacó.

Campos dijo que los privados de libertad cuentan con recursos y derechos, como tener un abogado público o privado, para conocer los detalles de su expediente, por lo que cuestionó el hecho de darles acceso a computadoras.