Por tráfico de migrantes con fines de explotación laboral la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes solicitará medidas cautelares contra dos hombres.
El Ministerio Público informó que este miércoles dirigió tres allanamientos y ordenó detener a dos personas de apellidos Blake Doyley y Barley Anderson por el presunto delito de tráfico de migrantes con fines de explotación laboral.
“Las diligencias se ejecutaron esta mañana en tres casas ubicadas en Limón. Durante las diligencias, el Ministerio Público y Policía Profesional de Migración decomisaron dólares, recibos de dinero, teléfonos, entre otros dispositivos electrónicos. Estas personas se encuentran a las órdenes del Ministerio Público, donde se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se solicitará una audiencia al Juzgado Penal de Limón para el requerimiento de medidas cautelares”, dijo la Fiscalia.
El caso se investiga por hechos que aparentemente ocurrieron entre el 1 de marzo del 2022 y el 30 de junio del 2023, cuando, en apariencia, los sospechosos, en complicidad de una tercera persona aún no identificada, habrían planeado, coordinado y ejecutado el tráfico ilícito de costarricenses, desde Limón hacia Estados Unidos.
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Según la Policía Profesional de Migración el reclutamiento de las personas se daba a través de redes sociales, donde la organización criminal compartía las ofertas de trabajo, y al hacer el contacto con el interesado, se iniciaba el proceso de ofrecimiento de beneficios para ganarse su confianza.
“Se presume que los imputados hacían creer a las víctimas que iban a trabajar en una empresa de ese país, donde ganarían $800 por semana (unos 410 mil colones), pero antes debían cancelar un monto de $1.200 (unos 616 mil colones), por concepto de trámites legales”, dijo la Fiscalía.
Hasta ahorita las autoridades investigan a los sospechosos, quienes supuestamente hasta les daban a las víctimas contratos falsos de la empresa.
“Una vez que las víctimas ingresaban a ese país, se cree que eran explotadas laboralmente, pues se les obligaba a trabajar en hoteles por más de 14 horas diarias, sin días de descanso, con un pago diferente al ofrecido por los investigados y sin la posibilidad de salir del lugar donde laboraban”, indicó la Fiscalía.