EscucharEl comerciante griego Dimosthenis Katsigiannis tiene por casa la cárcel de San Sebastián desde hace poco más de un año.
Él fue condenado a ocho años de prisión, en diciembre del 2017, por el sonado caso de tráfico de órganos en el que se vieron involucrados cuatro médicos del hospital Calderón Guardia, de los cuales solo uno, apellidado Mora Palma, fue sentenciado a doce años de prisión. Los otros tres quedaron libres por falta de pruebas.
En el juicio, en el cual el griego asegura que hubo un fallo técnico porque no tuvo traductor, la Fiscalía aseguró que el europeo se encargaba de conseguir donadores de riñones en una pizzería que tenía en las cercanías del centro médico y luego los contactaba con los doctores que hacían las operaciones. Además, les daba el transporte para hacer las diligencias que se necesitaran en el proceso.
Pese a eso, “Dimos”, como le dicen sus conocidos, sostiene que él no cometió ningún delito, sino que más bien hizo tres favores que salvaron vidas.
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“Antes de que pasara todo eso, me llamó un conocido de Estados Unidos y me dijo que un amigo griego tenía cierto problema con los riñones y me preguntó si aquí hacer ese tipo de procedimientos era legal (trasplante de órganos).
“Consulté con médicos muy conocidos que eran clientes de mi negocio y me dijeron que aquí eso es legal, que no hay problema. Me dijeron que se necesita una declaración jurada y un papel de consentimiento y ya se puede hacer. Entonces yo comenté eso con la persona que me había llamado”, contó con marcado asento el reo acomodado en un banco de la prisión de San Sebas.
“Durante cinco años, del 2005 al 2010, mi participación fue con tres paisanos míos (griegos) que ocuparon esta ayuda, aquí hubo personas voluntarias y así se hizo”, agregó.
Dimos reconoce que fue él quien consiguió a los donadores en esos tres casos, pero dice que no obtuvo ningún tipo de beneficio por su ayuda.
“Personalmente yo no recibí nada. ¡Jamás! Eran paisanos míos que necesitan la operación porque se iban a morir. El primer donante fue testigo mío en el juicio, el tribunal no lo aceptó porque es amigo mío, es un policía activo.
“Él aceptó donar, iba a la pizzería y cuando comentamos la situación me dijo: ‘yo puedo donar’, y yo le dije: ‘¿usted quiere? Yo no sé si te van a dar dinero o no, es cosa de ellos, definitivamente son gente agradecida y si usted salva una vida los griegos lo van a ayudar'", recordó.
Entre el 2010 y el 2013 se dieron otros trasplantes en los que el extranjero asegura que no tuvo nada que ver, incluso dice que él ni siquiera conocía a los médicos que al igual que él fueron acusados.
Las autoridades (Ministerio Público) aseguran que la red de la que formaba parte Dimos recibió unos $140.000 (unos ¢84 millones) por cada procedimiento. La Fiscalía dice que $40.000 (¢20 millones) eran para el ‘donante’, pero estas personas nunca recibieron esa suma. Hubo quienes apenas recibieron ¢3 millones y otros ¢10 millones como cantidad máxima.
Pleito por idioma
La condena le cayó al extranjero como un balde de agua fría pues dice que acabó con la vida tranquila que llevaba al lado de su esposa y sus dos hijos.
Durante todo el debate, él pensó que sería declarado inocente porque asegura que en ningún momento creyó haber cometido un delito y eso mantenía su conciencia tranquila.
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El griego, además, relató que cuando enfrentó el juicio su español todavía era muy malo y por eso no entendió muchos de los términos legales y especializados que decían los jueces, abogados y testigos.
“Cuando dictaron sentencia yo le comenté al abogado Rafael Gairaud, que era el que defendía a uno de los médicos, que yo no había entendido bien los argumentos y él me dijo: ‘Dimos entonces debiste haber tenido un traductor, tenías todo el derecho’”, comentó.
“Yo tuve dos abogados, uno hasta que se dio la audiencia preliminar y otro en el proceso del juicio, yo no sé por qué los abogados no pidieron traductor”, expresó.
De hecho, el defensor Gairaud recuerda el día que Dimos le comentó que no había entendido muchas de las cosas que se dijeron en el juicio y dice que aún se siente sorprendido de que nadie pidiera un traductor.
“Toda persona tiene derecho legal y constitucional de escuchar lo que se dicen en un juicio en su contra en su idioma natal, él debió haber hablado con su abogado para que pidiera un traductor.
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“Pese a que Dimos tenía muchos años de vivir en Costa Rica y lograba comunicarse con las personas cercanas con las que se relacionaba, es muy probable que los términos jurídicos y médicos que se hablaron en el debate él no los entendiera porque no eran parte de lo que hablaba normalmente”, dijo el abogado.
“Si la Sala le diera la razón, tendría que darse un nuevo juicio para él. Pienso que el error fue compartido con el tribunal porque es el garante de la justicia, pero la mayor culpa recae en el abogado de Dimos y en él mismo”, explicó el defensor.
Al consultarle a la Fiscalía por qué no se solicitó la presencia de un traductor durante el proceso judicial, el departamento de prensa informó que como el caso se encuentra en casación (apelación) no pueden dar datos ligados al expediente; sin embargo, sí detalló que el griego ya había presentado dicho reclamo al Tribunal de Apelación de la Sentencia, donde se rechazó al determinarse que no se requería traductor, incluso el señor reiteró su reclamo ante la Sala Constitucional, mediante un Hábeas Corpus, el cual fue desestimado debido a que dicho tema ya había sido analizado y resuelto.
Además, en julio del año pasado se dio a conocer que tanto el extranjero como el médico condenado podrían enfrentar un nuevo juicio, ya que el Ministerio Público apeló la sentencia ya que considera que las penas impuestas fueron muy bajas. Pero en ese caso sería solo para readecuar penas, es una apelación distinta a la que puso el griego.
